Por: La diligencia judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que investiga su presunta participación en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) y la supuesta conformación de un grupo paramilitar fue aplazada y se llevará a cabo en agosto, tras una solicitud presentada por su equipo de defensa.
Inicialmente programada para el 24 de julio, la indagatoria quedó reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, según información conocida por medios nacionales.
El cambio en el calendario judicial se produce luego de que la defensa del exmandatario manifestara inconformidad con el manejo del proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los abogados sostienen que aún existen pruebas solicitadas que no han sido practicadas y consideran que esas actuaciones son fundamentales antes de avanzar con la diligencia.
El caso hace parte de una de las investigaciones más relevantes que enfrenta el expresidente y busca establecer posibles responsabilidades en hechos ocurridos durante la década de los noventa en Antioquia, relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta creación o promoción de estructuras paramilitares.
El aplazamiento también reavivó el debate jurídico sobre las garantías procesales. El abogado penalista Amir Nayi Abushihab señaló que la principal discusión no gira únicamente alrededor de la citación a indagatoria, sino sobre el momento en que esta fue programada, teniendo en cuenta que, según la defensa, aún falta la práctica de pruebas consideradas relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con esa posición, llamar a indagatoria sin agotar previamente el material probatorio solicitado podría afectar el derecho a la defensa y el debido proceso. La defensa ha insistido en que la prioridad debe ser incorporar y valorar todas las pruebas antes de avanzar hacia nuevas etapas del proceso.
El jurista también indicó que el contexto político en el que se desarrolla la investigación ha generado un amplio debate público, aunque evitó calificar la decisión de la Fiscalía como una actuación de carácter político. En su lugar, planteó que corresponde garantizar que todas las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto por las garantías procesales.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene el curso de la investigación, cuyo objetivo es determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales del exmandatario por estos hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.
Con el aplazamiento, la atención se traslada ahora a las diligencias programadas para mediados de agosto, cuando Álvaro Uribe deberá comparecer ante la justicia en uno de los procesos judiciales más significativos de su trayectoria política.
