Por: La iniciativa fue aprobada en cuarto y último debate en la Cámara de Representantes y ahora solo espera la sanción presidencial. La norma crea un delito autónomo para castigar el abuso sexual contra animales.
Colombia está a un paso de fortalecer su legislación en materia de protección animal. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que tipifica la zoofilia como un delito independiente dentro del Código Penal, estableciendo penas de prisión, multas económicas e inhabilidades para quienes cometan actos sexuales contra animales.
La iniciativa, impulsada por sectores animalistas del Congreso, busca cerrar vacíos legales que existían en la legislación colombiana frente a este tipo de conductas, consideradas por organizaciones defensoras de los animales como una de las formas más graves de maltrato.
Con la aprobación en el Legislativo, el proyecto ahora pasa a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Hasta ahora, los actos sexuales contra animales podían ser investigados dentro de los delitos relacionados con el maltrato animal. Sin embargo, la nueva norma crea una figura penal específica para judicializar la zoofilia y castigar de manera más contundente a quienes incurran en estas conductas.
La ley establece penas de prisión que van desde los 48 hasta los 55 meses de cárcel para quienes sean encontrados responsables de abusar sexualmente de un animal.
Además, contempla sanciones complementarias como:
- Multas entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Inhabilidad especial de uno a tres años para ejercer profesiones, oficios o actividades relacionadas con animales.
- Prohibición para adquirir, poseer, cuidar o administrar animales.
- Restricciones para desempeñar labores en establecimientos vinculados al manejo de especies animales.
Los promotores de la iniciativa consideran que estas medidas permitirán una mayor capacidad de acción por parte de las autoridades judiciales frente a casos que, en muchos casos, quedaban en la impunidad.
Habrá agravantes que aumentarán las penas
El articulado aprobado también contempla circunstancias de agravación punitiva que podrían aumentar significativamente las sanciones para los responsables.
Entre los casos considerados más graves se encuentran:
- Cuando el abuso sexual ocurra en espacios públicos.
- Si el hecho es cometido en presencia de niños, niñas o adolescentes.
- Cuando las agresiones sean grabadas o difundidas.
- Si el material es utilizado con fines pornográficos o económicos.
- Cuando el animal muera como consecuencia de las agresiones sufridas.
- Si el responsable actúa con sevicia o genera lesiones permanentes.
Según los autores del proyecto, estas circunstancias buscan castigar con mayor severidad los casos que impliquen niveles más altos de crueldad o exposición pública.
La ley Ángel fortaleció el camino para esta iniciativa
La aprobación de esta nueva norma se suma a los avances logrados recientemente con la entrada en vigor de la Ley Ángel, una legislación que fortaleció las sanciones contra el maltrato animal en Colombia.
Dicha ley ya contemplaba los actos sexuales contra animales como una circunstancia de agravación dentro del delito de maltrato animal, permitiendo aumentar las penas entre la mitad y las tres cuartas partes.
Sin embargo, los promotores del nuevo proyecto consideraron necesario establecer un delito autónomo que permitiera una persecución penal más clara y efectiva.
Senadora Esmeralda Hernández celebra la aprobación
La principal impulsora de la iniciativa fue la senadora Esmeralda Hernández, quien celebró la aprobación del proyecto y aseguró que el país no puede seguir normalizando este tipo de hechos.
Según la congresista, cientos de animales son víctimas de abusos sexuales cada año en diferentes regiones del país, situaciones que frecuentemente terminan causando lesiones graves o incluso la muerte de los animales afectados.
“No podemos normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia”, afirmó la senadora tras la votación.
La congresista también destacó que la ley tendrá un componente pedagógico y de sensibilización dirigido a la ciudadanía.
Habrá campañas de divulgación y prevención
Además de las sanciones penales, la nueva normativa contempla la puesta en marcha de campañas nacionales de información para divulgar los alcances de la ley y promover la denuncia de estos hechos.
El objetivo es que las personas conozcan las consecuencias legales de estas conductas y que las autoridades cuenten con mayores herramientas para identificar y atender posibles casos de abuso contra animales.
Las campañas también buscarán fortalecer la cultura de protección animal y fomentar el respeto por los seres sintientes.
¿Existe relación entre la zoofilia y otros delitos?
Durante la discusión del proyecto, la senadora Hernández mencionó que existen investigaciones académicas y estudios científicos que han analizado la relación entre el abuso sexual contra animales y otras conductas violentas.
Según explicó, algunas investigaciones han identificado antecedentes de maltrato animal o abuso sexual hacia animales en determinados perfiles de agresores sexuales.
“Actualmente existen evidencias técnicas y científicas que demuestran que algunos abusadores de menores tuvieron previamente conductas de abuso sexual contra animales”, aseguró la congresista.
No obstante, expertos señalan que cada caso debe analizarse individualmente y que la existencia de antecedentes de maltrato animal no implica necesariamente que una persona cometa otros delitos.
Un nuevo paso en la protección animal
Con esta aprobación, Colombia avanza hacia un marco legal más estricto frente a las agresiones contra los animales y fortalece las herramientas judiciales para perseguir este tipo de conductas.
La expectativa ahora está puesta en la sanción presidencial, último paso para que la norma entre oficialmente en vigencia y pueda comenzar a ser aplicada por jueces y fiscales en todo el país.
