Por: La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó a la Fiscalía General de la Nación aplazar la indagatoria programada para este viernes 4 de septiembre de 2026, dentro de las investigaciones relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como otros hechos de violencia atribuidos a estructuras paramilitares en Antioquia durante el período en que Uribe fue gobernador del departamento.
El abogado Jaime Granados presentó dos comunicaciones ante el ente investigador. En una de ellas pidió suspender la diligencia mientras se define una controversia sobre la competencia de la Fiscalía para adelantar la investigación. En la segunda, enviada en las últimas horas, argumentó que la defensa necesita más tiempo para analizar la declaración entregada el día anterior por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La indagatoria está prevista para las 9:00 de la mañana y se desarrolla en el marco de tres líneas de investigación relacionadas con hechos ocurridos durante la década de los noventa. La Fiscalía busca establecer si existen elementos que comprometan penalmente al expresidente por su eventual relación con estructuras paramilitares y por los delitos que se investigan en estos expedientes.
El pedido de Granados introduce un nuevo elemento en un proceso que tomó especial relevancia después de la declaración bajo juramento de Mancuso ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía.
La defensa pide más tiempo para estudiar la declaración de Mancuso
La segunda comunicación enviada por Jaime Granados a la Fiscalía tiene seis páginas y está planteada como una insistencia para que se aplace la diligencia.
El argumento central es que Uribe y su equipo jurídico necesitan un plazo adicional para examinar el contenido de la declaración que Salvatore Mancuso entregó el jueves 3 de septiembre.
El exjefe paramilitar declaró durante aproximadamente tres horas ante la fiscal delegada, en una diligencia reservada realizada en Montería, Córdoba. En ella ratificó, entre otros señalamientos, una versión relacionada con el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa.
La solicitud de la defensa se produce pese a que sus abogados participaron en la diligencia y ya habían tenido contacto con Mancuso en marzo de 2026.
De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, citado en la información sobre el caso, el nuevo pedido podría estar relacionado con la eventual presentación de una acción de tutela que busque suspender temporalmente la indagatoria.
Por ahora, la petición corresponde a la posición de la defensa y deberá ser evaluada por la Fiscalía, que tiene programada la diligencia para este viernes.
Granados también cuestiona la competencia de la Fiscalía
La primera comunicación enviada por el abogado plantea un argumento diferente.
Según informó Reporte Coronell, Granados solicitó que la indagatoria sea aplazada hasta que la Corte Constitucional determine cuál es la autoridad competente para adelantar la investigación contra el expresidente: la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La discusión tiene implicaciones sobre el futuro del proceso, pues la defensa sostiene que debería esperarse la decisión del alto tribunal antes de continuar con la diligencia.
El planteamiento también abre un escenario de incertidumbre temporal. De acuerdo con la argumentación expuesta por la defensa, la Corte Constitucional no tendría un término legal específico para resolver esta controversia, por lo que la decisión podría prolongarse durante un período considerable.
El planteamiento de Granados incluso contempla la posibilidad de que la discusión se extienda hasta un eventual cambio en la Fiscalía General de la Nación.
Según la hipótesis expuesta, una demora prolongada podría coincidir con la llegada de un nuevo fiscal general, cuya elección o nominación correspondería al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La defensa compara este escenario con el proceso que anteriormente estuvo a cargo del entonces fiscal general Francisco Barbosa, quien había sido nominado durante el gobierno de Iván Duque.
Tres investigaciones están relacionadas con la administración de Uribe en Antioquia
La indagatoria está relacionada con tres grupos de hechos ocurridos durante el período en que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
Uno de los expedientes examina una incursión paramilitar en San Roque, ocurrida entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996.
La investigación también incluye la desaparición de cuatro personas registrada en junio de ese año y la desaparición de ocho comerciantes ocurrida el 14 de agosto en el corredor entre Maceo y Puerto Berrío.
Dentro de esta línea de investigación aparece además la hacienda Guacharacas, propiedad que perteneció a la familia Uribe y que, según la hipótesis investigativa, habría sido utilizada como punto de apoyo por estructuras paramilitares.
El segundo expediente está relacionado con la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996 en el municipio de Ituango.
De acuerdo con la investigación, integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) asesinaron a cuatro campesinos a quienes señalaron de tener vínculos o colaborar con las Farc.
La Fiscalía analiza en este caso la posible existencia del delito de concierto para delinquir y la eventual responsabilidad que pudiera corresponder a quienes participaron o tuvieron conocimiento de la actuación de las estructuras armadas.
El tercer expediente corresponde a la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, también en Ituango. El ataque dejó múltiples víctimas mortales y provocó el desplazamiento de cientos de habitantes.
La investigación también está relacionada con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
¿Qué dijo Mancuso sobre la Gobernación de Antioquia?
La declaración de Mancuso adquirió especial importancia para el proceso porque el excomandante paramilitar ha sostenido en diferentes escenarios judiciales que las estructuras de las AUC recibieron información o instrucciones provenientes de funcionarios de la Gobernación de Antioquia.
Según la versión atribuida a Mancuso, Pedro Juan Moreno Villa, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno durante la administración de Uribe, habría transmitido solicitudes a las estructuras paramilitares.
Mancuso también ha señalado que los paramilitares recibieron instrucciones relacionadas con la incursión de El Aro y que una lista de personas que debían ser asesinadas habría sido entregada por el entonces comandante de la Cuarta Brigada, general Alfonso Manosalva.
Estos señalamientos corresponden a la versión entregada por Mancuso y hacen parte de los elementos que deben ser contrastados y valorados por las autoridades judiciales.
La defensa de Uribe sostiene que, aun si las declaraciones de Mancuso llegaran a demostrar una participación de Moreno Villa en determinados hechos, eso no demostraría automáticamente la responsabilidad penal de su superior jerárquico, Álvaro Uribe.
Este punto será uno de los asuntos centrales de la discusión jurídica, debido a que la investigación busca establecer no solo quiénes participaron directamente en los hechos, sino también qué conocimiento pudieron tener otros funcionarios y si existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal.
La indagatoria está prevista para este viernes
La solicitud de aplazamiento llega en la antesala de una diligencia que la Fiscalía tiene programada para las 9:00 de la mañana de este viernes.
El despacho de la fiscal Gloria Marcela Abadía deberá determinar si acepta los argumentos de la defensa y modifica el calendario previsto o si mantiene la diligencia.
El debate se desarrolla en un momento particularmente sensible para el proceso, después de que Mancuso entregara su declaración bajo juramento y de que sus afirmaciones quedaran incorporadas a la investigación.
Para la defensa, el tiempo disponible para analizar ese testimonio resulta insuficiente y existen además dudas sobre la autoridad que debe adelantar la actuación. Para la Fiscalía, la indagatoria constituye una actuación dentro de una investigación que continúa su curso.
La decisión sobre el aplazamiento será, por tanto, el próximo punto de tensión jurídica en un expediente que vuelve a poner bajo escrutinio hechos ocurridos hace casi tres décadas y el eventual papel que pudieron desempeñar funcionarios públicos frente a la actuación de grupos paramilitares en Antioquia.
Mientras tanto, no existe todavía una decisión definitiva sobre la solicitud de la defensa. La realización o suspensión de la indagatoria dependerá de la determinación que adopte la Fiscalía frente a los argumentos presentados por Jaime Granados.
