El Gobierno nacional declaró el estado de desastre nacional por la amenaza del fenómeno de El Niño, una decisión que estará vigente durante los próximos 12 meses y que permitirá implementar medidas extraordinarias para reducir los riesgos sobre el abastecimiento de agua, el sistema energético, la salud pública y la seguridad alimentaria.
La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, con base en las proyecciones técnicas que anticipan un fortalecimiento del fenómeno climático durante el segundo semestre de este año y su posible prolongación hasta el primer trimestre de 2027.
De acuerdo con el Gobierno, uno de los escenarios de mayor preocupación es la posibilidad de racionamientos prolongados de energía e incluso apagones generalizados, debido a la reducción de lluvias y al descenso en los niveles de los embalses que abastecen el sistema eléctrico nacional.
El decreto señala que los análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran que las condiciones de El Niño ya se encuentran presentes tanto en el océano como en la atmósfera. Además, estima una probabilidad superior al 95 % de que el fenómeno se intensifique durante la segunda mitad de 2026 y cercana al 63 % de que alcance una intensidad catalogada como “muy fuerte”.
Riesgo para el agua, la energía y el ambiente
Las autoridades advierten que la disminución de las precipitaciones afectaría principalmente a las regiones Andina, Caribe y Pacífica, lo que podría traducirse en menores caudales de ríos, reducción de los niveles de los embalses y un incremento del riesgo de incendios forestales y olas de calor.
El Gobierno también alertó sobre el impacto que estas condiciones podrían tener en la prestación de servicios públicos esenciales, especialmente el suministro de energía y agua potable.
Según el decreto, 558 municipios presentan riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua, mientras que 111 de ellos se encuentran en el nivel de mayor vulnerabilidad.
Plan especial para atender la emergencia
La declaratoria contempla igualmente acciones para enfrentar posibles efectos en la salud pública. Entre los riesgos identificados están el aumento de casos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades transmitidas por vectores como dengue, malaria, chikunguña, zika, fiebre amarilla y leptospirosis.
También se advierte sobre posibles afectaciones a la seguridad alimentaria y un mayor impacto en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.
La coordinación de la respuesta estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que deberá elaborar un Plan de Acción Específico para ejecutar las medidas de prevención, atención y recuperación.
Entre las principales líneas de acción se incluyen el fortalecimiento del abastecimiento y ahorro de agua, la protección de la seguridad alimentaria, el impulso a la transición energética y la autogeneración en comunidades vulnerables, la atención en salud pública y la prevención de incendios forestales.
Además, el Gobierno creó una subcuenta especial denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027” dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de financiar las acciones derivadas de la emergencia y facilitar la asignación de recursos para atender los efectos del fenómeno climático.


