Por: El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del norte y noroeste del país tras las graves inundaciones provocadas por un fenómeno hidrometeorológico ocurrido entre enero y febrero de 2026.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero, que establece la declaratoria por 30 días calendario en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Durante este periodo, el Ejecutivo podrá adoptar medidas extraordinarias y asignar recursos presupuestales para atender la crisis.
Según el Gobierno, la magnitud de la emergencia ha superado la capacidad institucional ordinaria, afectando infraestructura crítica, sistemas productivos, redes eléctricas, vías, centros educativos y servicios de salud en gran parte de la región Caribe.
Los reportes oficiales indican que la emergencia deja hasta el momento 10 personas fallecidas, más de 69.000 familias afectadas, 4.158 viviendas destruidas y cerca de 20.000 hectáreas productivas dañadas. Además, se registran afectaciones en 111 vías, 38 acueductos y 91 centros educativos.
De acuerdo con el Ideam, Dimar y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el fenómeno fue causado por el desplazamiento anómalo de un frente frío hacia latitudes meridionales, lo que generó lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en la región Caribe.
Las precipitaciones alcanzaron niveles históricos. En algunos sectores superaron entre el 130 % y el 180 % del promedio mensual, mientras que el área hidrográfica Caribe registró en enero 222,6 milímetros de lluvia, equivalente al 289 % del promedio multianual.
La saturación de suelos y el desbordamiento de ríos obligaron a realizar descargas controladas en embalses como Urrá y Playas, que superaron el 103 % de su capacidad. Según el Gobierno, un evento de esta magnitud no se registraba desde 1963.
El impacto también golpea al sector agropecuario, donde más de 110.000 hectáreas de cultivos resultaron afectadas, principalmente en Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar. La mayoría de los predios dañados pertenece a pequeños productores.
En el sector eléctrico, la situación se agrava en medio de deudas acumuladas superiores a $2,5 billones en empresas de la región Caribe, lo que incrementa el riesgo sistémico del servicio.
El decreto faculta al Ejecutivo para adoptar medidas transitorias en sectores como energía, vivienda, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones, así como implementar transferencias directas y nuevas fuentes de financiación para mitigar la crisis.
El Congreso será convocado una vez finalice el estado de emergencia para ejercer control político sobre las decisiones adoptadas.
