Por: El Gobierno nacional anunció que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que han manifestado su decisión de no acatar los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, al considerar que se está incurriendo en una extralimitación de funciones y en un desconocimiento del orden constitucional.
Así lo afirmó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien cuestionó abiertamente el uso de la excepción de inconstitucionalidad como argumento para desobedecer los decretos 1390 de 2025 —que declara la emergencia— y 1474, que fija las medidas económicas con las que el Ejecutivo busca recaudar $16,3 billones para cubrir el déficit presupuestal de 2026.
“El intento de inaplicar estos decretos vía excepción de inconstitucionalidad no es legítimo en este caso. Se trata de una competencia exclusiva de la Corte Constitucional”, sostuvo Idárraga, quien advirtió que el Gobierno evaluará las acciones legales “dependiendo de cómo se materialice” la negativa en cada departamento.
Uno de los primeros en fijar su postura fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien afirmó que su administración no implementará algunas de las medidas económicas por considerarlas contrarias a la Constitución. Para el Ejecutivo, esta posición supone una usurpación de competencias que pone en riesgo la institucionalidad.
Idárraga calificó el planteamiento como un “exabrupto jurídico” y enfatizó que ningún mandatario territorial tiene la facultad de decidir discrecionalmente sobre la vigencia de normas con fuerza de ley. En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reprochó la postura de los gobernadores y afirmó que están enviando un “mal mensaje” al país al desconocer los canales constitucionales.
Mientras tanto, la Corte Constitucional ya avanza en el estudio automático de los decretos. El magistrado Carlos Camargo, ponente del Decreto 1390, ordenó la práctica de las primeras pruebas, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés tendrá a su cargo la revisión del Decreto 1474. El Gobierno dispone de tres días para defender la declaratoria ante el alto tribunal.
La emergencia económica fue decretada luego de que el Congreso archivara, el pasado 9 de diciembre, la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba recaudar los recursos necesarios para atender compromisos como el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el pago de sentencias judiciales y la financiación de políticas de seguridad.
Aunque la Constitución permite que la emergencia tenga una duración inicial de 30 días —con posibilidad de prórroga hasta por 90—, hasta ahora el Gobierno no ha anunciado una extensión. No obstante, el antecedente reciente juega en contra del Ejecutivo: en 2023, la Corte tumbó la emergencia en La Guajira y, en 2025, declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior en Catatumbo.
El desenlace de este pulso entre el Gobierno y los mandatarios regionales quedará, una vez más, en manos de la Corte Constitucional, árbitro final de los estados de excepción en Colombia.
