Por: La cartera presentó denuncia ante la Fiscalía y remitió copias a la Procuraduría y la Contraloría por posibles fallas en el manejo de recursos y en la afiliación al sistema de salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios médicos a la población privada de la libertad. El caso también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría.
La denuncia fue radicada luego de que el Ministerio identificara, en su calidad de integrante del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (Fondo PPL), posibles actuaciones irregulares relacionadas con la gestión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Fiduprevisora, ambas entidades adscritas al Gobierno nacional.
Según el Ministerio, uno de los principales hallazgos es que la población privada de la libertad —cerca de 104.000 personas en el país— no estaría afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pese a que la normativa vigente establece la obligatoriedad de su aseguramiento.
En su lugar, la atención médica estaría siendo prestada por operadores contratados por la Fiduprevisora, esquema que, de acuerdo con la cartera, no cumpliría plenamente con las disposiciones legales que exigen la afiliación formal al sistema.
Además, el Ministerio señaló que el presupuesto del Fondo PPL para el año 2026 habría sido aprobado sin la revisión previa del Consejo Directivo, lo que podría constituir una irregularidad administrativa en el proceso de planeación y control de recursos.
A esta situación se suma un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que advirtió riesgos en la prestación de los servicios de salud para los reclusos tras la adopción de un modelo de operador único.
El Consejo Directivo del Fondo PPL decidió que la atención médica quedara en manos de la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno.
La Defensoría alertó que la implementación de este esquema podría generar afectaciones en la continuidad del servicio, especialmente en un contexto en el que el sistema de salud enfrenta dificultades financieras y operativas.
Contexto del sistema de salud
El anuncio de la denuncia se produce en medio de una crisis estructural del sistema de salud colombiano. De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría General de la República, las EPS intervenidas por el Gobierno acumulan deudas por 32,9 billones de pesos.
Estas entidades atienden al 59,2 % de los afiliados al sistema, lo que equivale a cerca de 29,5 millones de personas, lo que ha incrementado la presión sobre la sostenibilidad financiera y operativa del modelo.
La atención en salud de la población privada de la libertad ha sido históricamente un punto crítico en materia de derechos humanos y garantía de servicios básicos, debido al hacinamiento carcelario y a las limitaciones presupuestales.
Próximos pasos
Con la denuncia presentada ante la Fiscalía, se espera que las autoridades determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales en relación con los hechos expuestos.
Por ahora, el Ministerio de Salud indicó que continuará ejerciendo su función de vigilancia dentro del Consejo Directivo del Fondo PPL, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.
El caso abre un nuevo frente de discusión sobre la gestión de los recursos públicos destinados a la población carcelaria y la necesid
