Por: El ministro Antonio Sanguino aseguró que el Decreto 1469 de 2025 es de obligatorio cumplimiento hasta que se expida una norma transitoria.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el aumento del salario mínimo del 23,7 % para 2026 continúa vigente y debe aplicarse en los pagos de nómina, pese a la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado.
El jefe de la cartera laboral reiteró a través de su cuenta en X que el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905 (más auxilio de transporte), “se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento”.
La declaración surge luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente los efectos del decreto mientras estudia de fondo su legalidad, una decisión que abrió interrogantes sobre el monto que deben pagar las empresas en la nómina de febrero.
Frente a esa incertidumbre, Sanguino envió un mensaje directo al sector empresarial: “Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026”.
Vigencia mientras no haya nuevo decreto
El ministro explicó que la medida cautelar del alto tribunal no implica un efecto automático inmediato, ya que el propio auto judicial establece que la suspensión se hará efectiva cuando el Ejecutivo expida un nuevo decreto transitorio.
“Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, puntualizó.
Esto significa, según la interpretación oficial, que las empresas deben continuar pagando el salario con el incremento del 23,7 % mientras no exista un acto administrativo que lo modifique.
Defensa del principio de progresividad laboral
Sanguino también fundamentó su postura en el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales y en el artículo 53 de la Constitución Política.
“El salario vital es un imperativo del Estado Social de Derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”, afirmó.
El ministro sostuvo que cualquier controversia jurídica debe analizarse bajo el principio “in dubio pro operario”, que ordena interpretar las normas laborales en favor del trabajador cuando exista duda razonable.
Además, criticó la decisión del Consejo de Estado, señalando que, a su juicio, fue adoptada antes de que el Gobierno presentara todos los argumentos técnicos sobre el aumento salarial.
Estrategia jurídica del Gobierno
El Ejecutivo anunció que prepara recursos legales para defender el incremento decretado y garantizar el pago del salario mínimo en los términos fijados a finales de 2025.
Sanguino aseguró que el Gobierno mantendrá la cifra de cerca de $2 millones (incluido el auxilio de transporte) en febrero y continuará defendiendo el concepto de “salario vital”, al considerar que existe una brecha entre el ingreso mínimo actual y el costo real de vida de una familia colombiana.
Según el ministro, el aumento decretado fue moderado frente a esa diferencia, que estimó entre el 28 % y 29 % respecto a las necesidades básicas de los hogares.
Contexto del debate
El aumento del 23,7 % fue anunciado por el presidente Gustavo Petro como parte de una política para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, el incremento ha sido cuestionado por sectores empresariales y analistas económicos, que advierten posibles impactos fiscales e inflacionarios.
Mientras el Consejo de Estado estudia las demandas acumuladas contra el decreto, el Gobierno insiste en que la norma sigue produciendo efectos jurídicos y que las empresas deben respetar el pago incrementado hasta que se expida una disposición que lo sustituya.
La definición final sobre el salario mínimo para 2026 dependerá de la sentencia que adopte el alto tribunal, proceso que podría extenderse varios meses.
