Por: El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó 11 circulares administrativas expedidas durante los últimos meses de la administración de Gustavo Petro, una decisión que abrió un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo, los gremios empresariales y las organizaciones sindicales.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 2708 de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que justificó la derogatoria en una revisión jurídica y de técnica normativa. Según la cartera, algunos de los documentos habían perdido vigencia por cambios posteriores en la legislación, mientras que otros requerían ajustes en el instrumento jurídico utilizado.
El Ministerio insistió en que la decisión no elimina ni reduce derechos laborales, ni afecta los procesos administrativos que actualmente se encuentran en trámite.
“Esta derogación no modifica, reduce ni elimina los derechos de los trabajadores”, sostuvo la entidad, que aseguró que las actuaciones continuarán desarrollándose con fundamento en las normas vigentes, el debido proceso y las particularidades de cada caso.
Sin embargo, la decisión provocó una fuerte reacción de las organizaciones sindicales, que interpretan la eliminación de los lineamientos como una señal del rumbo que tendrá la política laboral del nuevo Gobierno.
¿Qué medidas fueron derogadas?
Las 11 circulares abordaban asuntos relacionados con algunos de los principales ámbitos de protección laboral. Entre ellas estaban disposiciones sobre jornada laboral, trabajo doméstico, horas extras, estabilidad laboral reforzada, equidad de género, libertad sindical, negociación colectiva, debido proceso disciplinario y contratación laboral.
También fueron derogadas directrices relacionadas con la autorización para terminar contratos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada por discapacidad, la inspección laboral en plataformas digitales de reparto y los lineamientos para trabajadores domésticos.
Entre las normas eliminadas se encuentran:
- Circular Externa 0101 de 2025: aplicación de disposiciones de la reforma laboral sobre jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo y horas extras.
- Circular Interna 0120 de 2025: autorización para terminar vínculos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada.
- Circular 0031 de 2026: cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social.
- Circular Externa 0032 de 2026: libertad sindical, permisos sindicales y convenciones colectivas.
- Circular 0040 de 2026: jornada y horas extras en el sector de vigilancia y seguridad privada.
- Circular 0048 de 2026: debido proceso disciplinario y terminación de contratos con justa causa.
- Circular Interna 0049 de 2026: autorización para terminar vínculos de personas con estabilidad laboral reforzada por discapacidad.
- Circular 0057 de 2026: reforma laboral y modalidades de contratación.
- Circular 0086 de 2026: inspección laboral a plataformas digitales de reparto.
- Circular 0088 de 2026: pliegos únicos y comisiones negociadoras sindicales.
- Circular 0089 de 2026: inspección al trabajo doméstico remunerado.
El Ministerio señaló que la depuración busca diferenciar con mayor claridad entre normas obligatorias, protocolos internos y documentos de carácter pedagógico u orientador.
Fenalco respalda al Gobierno y habla de “seguridad jurídica”
La decisión recibió el respaldo de Fenalco, cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, consideró que varias de las circulares imponían obligaciones y procedimientos a los empleadores sin contar, según su interpretación, con suficiente sustento legal o con la jerarquía normativa correspondiente.
Cabal calificó la medida como un paso hacia reglas más claras para el sector productivo y aseguró que la seguridad jurídica resulta fundamental para generar confianza, proteger el empleo y promover la formalización laboral.
El dirigente gremial fue más allá y sostuvo que las 11 circulares constituían, en la práctica, una especie de reforma laboral que el Congreso no había aprobado durante el gobierno anterior.
Para Fenalco, la revisión de las disposiciones permitirá que las futuras regulaciones sean expedidas respetando las competencias legales del Ministerio y con mayor participación de los sectores involucrados.
Los sindicatos denuncian un posible retroceso laboral
Desde el movimiento sindical, la lectura es completamente distinta.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la Resolución 2708 y, en particular, la derogatoria de la Circular Interna 0049 de 2026, relacionada con la protección de trabajadores con discapacidad.
Arias sostuvo que esa disposición había sido expedida para cumplir una orden judicial y advirtió que su eliminación podría generar un vacío en la protección de personas con estabilidad laboral reforzada.
“Empezó el desmonte de los derechos laborales en Colombia”, afirmó el dirigente sindical.
El Comando Nacional Unitario, que agrupa a las principales centrales sindicales, cuestionó que la derogatoria se produzca sin que previamente se establezcan nuevos mecanismos para garantizar los derechos que protegían las circulares.
Las organizaciones también señalaron que varias de las disposiciones eliminadas estaban relacionadas con funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, por lo que pidieron claridad sobre cómo serán aplicadas en adelante las normas laborales.
Sindicatos piden diálogo social
Ante la decisión, las organizaciones sindicales solicitaron al Ministerio del Trabajo que retome las directrices necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la legislación laboral y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Además, exigieron la convocatoria de un espacio formal de diálogo social con las centrales sindicales para discutir los efectos de la Resolución 2708 y establecer cómo se garantizarán los derechos de los trabajadores.
La controversia deja planteadas dos interpretaciones enfrentadas: mientras el Gobierno y los empresarios presentan la derogatoria como una depuración normativa orientada a recuperar seguridad jurídica, los sindicatos consideran que la eliminación simultánea de los lineamientos puede debilitar las herramientas administrativas para proteger a los trabajadores.
El verdadero alcance de la decisión dependerá ahora de las normas que el Ministerio adopte para reemplazar —o no— las disposiciones derogadas y de cómo esas nuevas reglas sean aplicadas en la inspección laboral.
