Por: La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, también impuso al expresidente una multa superior a $3.444 millones y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
En un fallo histórico de 1.114 páginas, la justicia colombiana condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. La decisión incluye una multa económica y una inhabilidad política por su participación en un caso de manipulación de testigos.
Este viernes 1 de agosto de 2025, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictó sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenándolo a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Además de la pena privativa de la libertad, Uribe deberá pagar una multa de $3.444 millones de pesos, equivalentes a 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años y tres meses.
El fallo, que se extiende por más de mil páginas, establece que el exmandatario sí tuvo conocimiento y responsabilidad en la búsqueda de testigos en cárceles del país, con el fin de favorecerse en procesos judiciales. Uno de los testimonios clave para la condena fue el del abogado Diego Cadena, actualmente procesado por presuntamente ofrecer beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que modificara su versión sobre los supuestos vínculos entre la familia Uribe y grupos armados ilegales.
La decisión judicial marca un hecho sin precedentes en la historia política reciente de Colombia: es la primera vez que un expresidente de la República es condenado por delitos de esta gravedad en un proceso penal ordinario.
El fallo ha desatado reacciones encontradas entre sectores políticos. Mientras unos ven en la condena una señal de fortaleza institucional, otros la consideran una persecución política.
