Por: La modificación cambia el sistema de financiamiento de la educación superior pública y busca aumentar la cobertura y fortalecer la investigación.
El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma a la Ley 30 de 1992, que modifica los artículos 86 y 87 con el objetivo de transformar el modelo de financiación de las universidades públicas en Colombia y aumentar los recursos destinados a la educación superior.
Un cambio en el modelo de financiación
Durante más de tres décadas, los recursos para las universidades públicas se ajustaron principalmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que determinaba el crecimiento anual del presupuesto.
Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia explicó que este indicador mide el costo de bienes como alimentos, transporte o servicios, pero no refleja el costo real de formar profesionales ni de sostener la infraestructura educativa.
Con la reforma, el financiamiento ahora tendrá en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que permitirá aumentar progresivamente los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior.
Más recursos para universidades públicas
Según el Gobierno, la reforma busca fortalecer el financiamiento a la oferta educativa, mejorar la capacidad instalada de las instituciones y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
Con este nuevo esquema, el Ejecutivo proyecta avanzar hacia una inversión equivalente al 1 % del PIB en educación superior pública en los próximos años, con el fin de reducir la brecha de financiación que existe frente a otros países de la región.
Los recursos adicionales se destinarán principalmente a:
- Investigación científica
- Modernización de laboratorios
- Tecnología educativa
- Mejora en los salarios de docentes
- Formación de nuevos profesionales
Más cobertura en el sistema público
Uno de los objetivos centrales de la reforma es ampliar el acceso a la educación superior pública en el país.
Con los cambios aprobados, el número de instituciones públicas vinculadas al sistema pasará de 32 a 67, lo que permitirá aumentar la cobertura y generar más oportunidades de ingreso para estudiantes de distintas regiones.
El Gobierno también plantea que el incremento de recursos permitirá contratar más docentes y reducir el déficit de personal académico en las universidades públicas.
Impacto a largo plazo
De acuerdo con el Gobierno, la reforma busca estabilizar financieramente a las instituciones de educación superior públicas, muchas de las cuales han advertido durante años sobre déficits estructurales en su financiamiento.
Con la nueva fórmula de asignación de recursos, el Ejecutivo espera fortalecer la resiliencia del sistema universitario y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
La modificación a la Ley 30 se presenta como uno de los cambios estructurales más relevantes en el sistema de educación superior colombiano en las últimas décadas.
