Por: El Gobierno abrió investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. Las sanciones podrían superar los $2,1 billones.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron una de las decisiones más drásticas contra el sistema de fotomultas en Colombia. Más de 5,8 millones de comparendos impuestos mediante cámaras automáticas podrían quedar sin efecto tras detectarse presuntas irregularidades técnicas y legales en la operación de estos sistemas en distintas ciudades del país.
La investigación involucra a 37 organismos de tránsito y pone bajo la lupa más de 7,5 millones de fotomultas emitidas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, además de municipios como Soledad, Montería, Valledupar, Villavicencio y Sabaneta.
Según explicó el Gobierno nacional, los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como SAST, habrían operado sin cumplir varios requisitos exigidos por la ley colombiana, lo que comprometería la legalidad de millones de comparendos impuestos durante los últimos años.
Más de 5,8 millones de fotomultas deberán ser anuladas
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, un total de 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados tendrán que ser revocados de oficio por parte de las autoridades de tránsito correspondientes.
La medida podría beneficiar a más de 1,4 millones de conductores colombianos que actualmente tienen procesos abiertos relacionados con estas multas.
Además, las autoridades revelaron que otras 1.582.398 fotomultas ya fueron canceladas por ciudadanos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Frente a este panorama, el Gobierno advirtió que las entidades investigadas podrían verse obligadas a devolver el dinero recaudado de manera presuntamente irregular.
La decisión encendió el debate nacional sobre el funcionamiento de las cámaras de fotodetección y el uso de estos sistemas como mecanismo de control vial y recaudo económico.
Cali, Medellín y Bogotá lideran las cifras de comparendos investigados
Dentro del proceso adelantado por el Gobierno, Cali aparece como la ciudad con el mayor número de fotomultas cuestionadas, con cerca de 2,7 millones de comparendos bajo investigación.
Le siguen Medellín con más de 717.000 casos y Bogotá con aproximadamente 294.000 fotomultas. Barranquilla también figura entre las ciudades con mayores cifras, superando los 131.000 comparendos investigados.
Las autoridades indicaron que el proceso también involucra a organismos de tránsito de otras regiones del país, debido a posibles fallas en la autorización y operación de las cámaras automáticas.
Las irregularidades que detectó el Gobierno
El Ministerio de Transporte explicó que las investigaciones se originaron por presuntos incumplimientos a la Ley 2251 de 2022 y a la Resolución 718, normas que regulan el funcionamiento de los sistemas automáticos de detección de infracciones.
Uno de los principales hallazgos tiene que ver con la ausencia del denominado “concepto de desempeño”, un documento expedido por el Instituto Nacional de Metrología que certifica la confiabilidad técnica y legal de las cámaras de fotodetección.
Según la Superintendencia de Transporte, se detectaron tres situaciones principales:
- 12 organismos de tránsito habrían comenzado a operar sin contar con el concepto de desempeño.
- 7 entidades utilizaron conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron los permisos después de haber iniciado operaciones.
Para el Gobierno, estas irregularidades ponen en duda la legalidad de millones de comparendos emitidos en todo el territorio nacional.
Gobierno advierte sanciones multimillonarias
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación busca proteger el debido proceso de los ciudadanos y evitar que las fotomultas se conviertan en mecanismos de recaudo alejados de la legalidad.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que las medidas no pretenden afectar las estrategias de seguridad vial, sino garantizar que los sistemas tecnológicos cumplan con las normas técnicas y jurídicas exigidas en Colombia.
El Gobierno advirtió además que las sanciones económicas contra los organismos de tránsito podrían superar los 2,1 billones de pesos, ya que la ley contempla multas equivalentes al doble de los recursos recaudados de manera irregular.
Mientras avanzan las actuaciones administrativas, miles de conductores permanecen atentos a la posibilidad de recuperar el dinero pagado por fotomultas que ahora están bajo investigación.
