Por: Por: Eduardo Delgado Galvis
“El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado.”
– William Faulkner
Hay países donde una denuncia por presuntos vínculos con estructuras paramilitares contra un candidato presidencial provocaría una crisis política inmediata.
Colombia, en cambio, parece haber desarrollado una extraña capacidad para convivir con sus fantasmas.
Por eso la noticia de esta semana no debería ser únicamente que Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por presuntos nexos con estructuras paramilitares.
La verdadera noticia es que una denuncia de semejante gravedad apenas logra alterar el ritmo de una campaña presidencial.
Como si el país estuviera anestesiado. Como si la palabra “paramilitarismo” hubiera perdido su peso. Como si hubiéramos olvidado demasiado rápido quiénes fueron los paramilitares y qué le hicieron a Colombia.
Porque aquí no estamos hablando de una diferencia ideológica. No estamos hablando de un debate tributario. No estamos hablando de una reforma económica. Estamos hablando de organizaciones responsables de algunas de las peores atrocidades de la historia reciente del país: masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, asesinatos selectivos y despojo de tierras. Estamos hablando de una maquinaria criminal que dejó cientos de miles de víctimas y millones de desplazados.
Por eso resulta imposible escuchar los señalamientos contra un aspirante presidencial y responder con indiferencia.
Nadie está diciendo que Abelardo de la Espriella haya sido condenado. No existe una sentencia. No existe una decisión judicial que establezca responsabilidad. Pero sí existe algo que debería inquietar a cualquier democracia sana: una acumulación persistente de preguntas sin respuesta.
Durante años, investigaciones periodísticas han documentado relaciones, negocios, actuaciones profesionales y conexiones con personajes que terminaron vinculados al paramilitarismo, al narcotráfico o a la parapolítica.
No se trata de un episodio aislado. No se trata de una única publicación. No se trata de un ataque surgido en plena campaña.
Los cuestionamientos vienen de tiempo atrás.
Ahí están las investigaciones sobre su relación con figuras como Jorge Visbal Martelo, posteriormente condenado por vínculos con grupos paramilitares. Ahí están los reportajes que han explorado conexiones con personajes como alias Monoleche, antiguo integrante de los círculos cercanos a los hermanos Castaño y pieza recurrente en numerosos expedientes relacionados con el paramilitarismo.
Investigaciones recientes de Vorágine también han documentado presuntas relaciones empresariales y negocios que involucran personas asociadas a alias “Comandante Barbi”, un narcoparamilitar condenado por homicidio agravado, secuestro extorsivo y otros delitos cometidos durante los años más violentos del conflicto armado. La investigación no establece responsabilidades penales contra Abelardo de la Espriella. Pero sí vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que aparece una y otra vez alrededor de su trayectoria pública: ¿por qué tantos caminos terminan conduciendo hacia los mismos círculos de poder que durante décadas coexistieron con el paramilitarismo, la parapolítica y las economías criminales?
Y esa pregunta resulta especialmente relevante cuando no estamos hablando de un empresario privado, de un abogado litigante o de un dirigente local. Estamos hablando de un hombre que aspira a convertirse en presidente de Colombia.
Por separado, cada episodio puede encontrar explicaciones. Por separado, cada investigación puede ser debatida. Por separado, cada relación puede ser presentada como una coincidencia. Pero la política no evalúa únicamente hechos aislados. También evalúa patrones. Y cuando los nombres de narcotraficantes, parapolíticos, paramilitares, testaferros, financiadores y operadores de algunas de las estructuras más oscuras que ha conocido el país aparecen repetidamente alrededor de una misma figura pública, la obligación democrática no es guardar silencio.
La obligación democrática es preguntar. Y seguir preguntando.
Y sin embargo, la discusión pública parece girar siempre alrededor de lo mismo: desacreditar a quien pregunta.
Atacar al periodista. Atacar al investigador. Atacar al denunciante. Atacar al contradictor.
Todo menos responder.
Y eso debería preocuparnos aún más que la propia denuncia.
Porque la democracia no se deteriora únicamente cuando aparecen personajes cuestionados. La democracia se deteriora cuando la sociedad deja de exigir respuestas a quienes aspiran al poder.
Lo verdaderamente inquietante es que la candidatura de Abelardo de la Espriella no representa únicamente una persona. Representa una forma de entender el país. Representa la reivindicación de la mano dura como solución universal. Representa la idea de que los problemas sociales se resuelven principalmente mediante coerción. Representa el regreso del fracking como política de Estado en uno de los países más biodiversos del planeta. Representa una visión donde la autoridad parece tener más valor que los derechos, donde la fuerza parece más importante que el diálogo y donde la confrontación permanente sustituye la construcción democrática.
Y es precisamente ahí donde la denuncia adquiere una dimensión mucho más profunda. Porque la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en el pasado.
La pregunta es qué tipo de futuro propone quien pretende gobernarnos.
La historia latinoamericana está llena de líderes que prometieron orden, autoridad y salvación nacional. Casi todos llegaron presentándose como la solución definitiva frente al caos. Casi todos afirmaron que las instituciones eran demasiado lentas. Casi todos ofrecieron respuestas simples para problemas complejos. Y demasiados terminaron dejando democracias más débiles, sociedades más polarizadas y Estados más autoritarios.
Por eso esta discusión no debería resolverse en los tribunales de las redes sociales. Pero tampoco debería enterrarse bajo consignas de campaña.
Los colombianos tienen derecho a conocer la verdad. Tienen derecho a formular preguntas. Tienen derecho a exigir explicaciones. Tienen derecho a saber si las sombras que durante décadas acompañaron la violencia política de este país están realmente detrás de nosotros o si simplemente aprendieron a vestirse de candidatos presidenciales.
Por eso Faulkner tenía razón.
El pasado nunca está muerto.
Y en Colombia, demasiadas veces, ni siquiera parece pasado.
