Por: Germán Calderón España, uno de los principales defensores jurídicos del presidente electo, fue condenado por la Corte Suprema por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en un caso relacionado con el fraccionamiento de contratos para evitar una licitación pública.
El nombre de Germán Calderón España ha cobrado protagonismo durante las últimas semanas por convertirse en el principal abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella y liderar varias acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, detrás de su trayectoria jurídica existe una condena penal por corrupción en contratación pública que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el expediente judicial revelado por Revista RAYA, Calderón España fue condenado a 36 meses de prisión domiciliaria por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, luego de que la justicia concluyera que participó en un esquema de fraccionamiento de contratos durante la alcaldía de Soacha para evitar adelantar una licitación pública.
Aunque la sanción no terminó ejecutándose debido a la prescripción de la acción penal, las decisiones judiciales dejaron en firme la responsabilidad del abogado en los hechos investigados.
El caso ocurrió durante la alcaldía de Soacha
La investigación se remonta a 1998, cuando Wilson Cabra Cruz era alcalde de Soacha.
En ese momento, Germán Calderón España se desempeñaba como gerente de la empresa Calderón España Publicidad, firma que recibió un contrato para instalar señalización vial en el barrio San Mateo por cerca de 49 millones de pesos de la época.
Pocos meses después, mientras el contratista solicitaba una prórroga para cumplir el contrato inicial, la Alcaldía adjudicó un segundo contrato para ejecutar un proyecto similar de señalización vial en otro sector del municipio.
Según determinó posteriormente la justicia, ambos contratos podían haberse adelantado mediante un solo proceso contractual.
Sin embargo, fueron divididos para que el valor económico permaneciera dentro de los límites que permitían contratar de manera directa, evitando así la obligación legal de realizar una licitación pública abierta.
La Contraloría detectó las irregularidades
Las presuntas anomalías fueron advertidas inicialmente por la Contraloría de Soacha en 1999.
El organismo encontró inconsistencias en los estudios técnicos, diferencias en los valores contratados, problemas de supervisión y, además, evidenció que las obras nunca fueron ejecutadas en los términos previstos.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación penal contra el entonces alcalde Wilson Cabra, Germán Calderón España y Darío César Molano Franco.
En 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Soacha condenó a Calderón España y al exalcalde a 36 meses de prisión, mientras que el otro contratista recibió una pena de 24 meses como cómplice.
La Corte Suprema confirmó la condena
El proceso continuó en segunda instancia y llegó finalmente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En 2010, el alto tribunal confirmó íntegramente la condena y respaldó la tesis de la Fiscalía según la cual existió una coordinación para dividir artificialmente el objeto contractual y favorecer la contratación directa.
La Corte concluyó que el fraccionamiento de los contratos buscó evitar el proceso licitatorio exigido por la ley y favorecer al contratista.
Uno de los elementos que llamó la atención de los jueces fue que las propuestas presentadas por Calderón España fueron elaboradas incluso antes de que la Alcaldía publicara oficialmente la convocatoria para contratar la señalización vial.
Para la justicia, ello evidenciaba un conocimiento previo del proceso y una coordinación entre los involucrados.
Además, durante el juicio se estableció que el verdadero beneficiario de ambos contratos era Germán Calderón España, pues las pólizas, documentos y demás soportes coincidían en fechas, direcciones y características.
La defensa alegó que era un particular
Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que Calderón España era un contratista privado y, por esa razón, no podía ser condenado por un delito relacionado con la contratación estatal.
No obstante, la Corte Suprema rechazó ese argumento.
El alto tribunal recordó que los particulares que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de contratos públicos cumplen funciones públicas en esa materia y, por tanto, pueden responder penalmente cuando afectan la transparencia de la contratación estatal.
Con ese criterio jurídico, la Corte dejó en firme la condena por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Su nombre vuelve al centro del debate político
El antecedente judicial cobra nuevamente relevancia porque Germán Calderón España hace parte del círculo jurídico más cercano del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Durante la campaña presidencial encabezó acciones legales contra periodistas y medios de comunicación que publicaron investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña y otros asuntos de interés público.
Antes de vincularse al equipo de De la Espriella también ocupó cargos en entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.
Tras alejarse de los sectores de izquierda, Calderón pasó a convertirse en uno de los principales defensores del hoy presidente electo y, recientemente, ha manifestado públicamente su aspiración de llegar a ocupar cargos como magistrado de la Corte Constitucional o Procurador General de la Nación.
Su condena por corrupción contractual vuelve ahora a ser objeto de discusión pública debido al papel que desempeña dentro del nuevo gobierno y a las altas responsabilidades a las que aspira en el futuro.
