Por: Por: Igor Díaz López / Director de CIPAME
El país atraviesa un momento de transición. Es natural que este tipo de procesos surjan después de un ciclo electoral. Sin embargo, hoy quiero referirme a una transición específica: aquella que pone de manifiesto las distintas visiones y perspectivas de desarrollo que conviven en Colombia, un país que el domingo 21 de junio de 2026 acudió a las urnas y que, en el marco de la campaña electoral, evidenció dos interpretaciones diametralmente opuestas sobre el rumbo que debe tomar la transformación del sector energético frente al cambio climático.
Por ejemplo, la historia del sector carbón es amplia. Desde hace algunos años, las multinacionales del carbón, que durante décadas obtuvieron grandes beneficios de nuestros territorios, han anunciado su retiro de la industria extractiva en Colombia. En ese proceso, han venido implementando de manera sistemática reducciones que trasladan las cargas y los costos laborales y sociales a los trabajadores y a las comunidades asentadas alrededor de los complejos mineros, profundizando así, las condiciones de desempleo y vulnerabilidad en las regiones con tradición minera.
Desde la perspectiva de los trabajadores y las comunidades que analizamos la situación de las empresas carboníferas a cielo abierto en La Guajira y el Cesar, estos procesos responden claramente a una estrategia alineada con los planes de cierre de minas impulsados por las compañías. En el caso del Cesar, además, se relacionan con decisiones de carácter económico y productivo justificadas por las dinámicas del mercado internacional, hoy marcado por procesos de descarbonización promovidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, en general, por la cooperación internacional ambiental en favor de la transición energética en distintos países.
Aunque el cambio climático constituye una problemática central para el futuro mundial, la disminución del consumo global de carbón ha llevado a las empresas, con el propósito de mantener su rentabilidad en un contexto adverso, a adoptar medidas administrativas que trasladan los costos de esta transformación a los trabajadores del sector y sus familias. Estas decisiones no solo profundizan los impactos laborales negativos sobre los obreros del carbón, sino que también reducen las oportunidades y los beneficios para las comunidades que históricamente han dependido, de manera directa o indirecta, de la actividad extractiva.
Las decisiones adoptadas por las empresas de carbón presentes en Cesar, La Guajira y Magdalena están generando una profunda crisis social en la región, derivada principalmente de los despidos masivos y de la ausencia de políticas de choque, alternativas laborales y estrategias sociales que permitan responder a esta situación. A pesar del potencial y de las oportunidades que ofrecen estos territorios, durante décadas las economías regionales se hicieron altamente dependientes del extractivismo carbonífero. ¿Los grandes líderes globales e internacionales del cambio climático saben esto? ¿Realmente les importa?
Hoy, la falta de políticas previas de diversificación económica y fortalecimiento productivo está dejando a las comunidades sin alternativas reales frente a los procesos de transición energética y cierre de minas. Aunque el gobierno saliente de Gustavo Petro intentó atender esta problemática, el reto persiste. Se han profundizado las afectaciones sobre los trabajadores que están siendo desvinculados de la industria del carbón, así como sobre las comunidades que históricamente dependen, directa o indirectamente, de esta actividad y que no cuentan con opciones claras frente al futuro inmediato.
Mientras se extendían los proyectos mineros, no se exigió con suficiente firmeza la construcción de políticas orientadas a diversificar la economía regional, generar nuevas fuentes de empleo y fortalecer otros sectores productivos. Como resultado, hoy los territorios son más frágiles: los cierres actuales y los posibles futuros cierres mineros plantean enormes desafíos sociales y económicos, sin que aún exista una ruta sólida de desarrollo alternativo que garantice una transición verdaderamente justa. Las cifras de empleabilidad continúan disminuyendo de manera preocupante. Los despidos y la no renovación de contratos en la minería de carbón han incrementado los niveles de informalidad laboral, que hoy rondan el 60 % en Cesar, La Guajira y Magdalena, con variaciones mínimas entre las tres regiones.
En este contexto, los despidos y la reducción gradual de los pasivos laborales asociados a posibles cierres mineros anticipados no están generando una transformación favorable, sino un creciente ambiente de incertidumbre social. Durante décadas, el carbón no solo representó una fuente de empleo, sino también la base económica y el proyecto de vida, directo e indirecto, de amplios territorios dependientes de la actividad extractiva. Si bien los trabajadores entendemos la importancia de la transición energética como solución frente al cambio climático, también queremos poner especial énfasis en las sensibilidades sociales aquí expuestas.
Frente a los cierres de minas y los despidos masivos, trabajadores, cooperativas y organizaciones sindicales hemos decidido actuar. A través de iniciativas como CIPAME, ASOEXTRAMICER, COOMUSTIER, SINTRACARBON, TUED, RenovAcción y el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, estamos construyendo alternativas reales basadas en la asociatividad, la formación, la solidaridad y la reconversión laboral, con el propósito de evitar que nuestros territorios queden sin futuro tras la salida del carbón.
Hoy, más que nunca, necesitamos que el nuevo Gobierno, las empresas y la sociedad respalden procesos creíbles de transición justa que garanticen empleo, desarrollo y dignidad para las comunidades afectadas. El llamado a usted, estimado lector, es a seguir, respaldar y visibilizar estas organizaciones y apuestas colectivas que buscan sembrar nuevas oportunidades para las regiones mineras del país.
Le invitamos a seguirnos y respaldar nuestra lucha en favor de la justicia climática y la justicia laboral.
