Por: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad administrativa de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz Medina, ocurrida durante una jornada de protestas en noviembre de 2019, y concluyó que en el procedimiento se presentó un uso irregular y excesivo de la fuerza.
La decisión judicial establece que la muerte del joven constituyó una grave violación de los derechos humanos y determinó que existió una falla en el servicio por parte de la institución policial durante la intervención del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Según el fallo, el uniformado involucrado utilizó una munición tipo Bean Bag, catalogada como “menos letal”, pero la corporación concluyó que la Policía no informó adecuadamente a sus agentes sobre el potencial letal de este tipo de proyectiles, lo que incidió en el uso del arma durante el operativo.
El Tribunal señaló que la actuación de la fuerza pública no respetó los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir el empleo de la fuerza en manifestaciones sociales.
En la sentencia se afirma que la intervención afectó directamente los derechos fundamentales a la vida y a la protesta, al considerar que el procedimiento no estuvo precedido por una valoración adecuada de las circunstancias.
Ordenan acto de reconocimiento y disculpas públicas
Como parte de las medidas de reparación integral, el Tribunal ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y presentar disculpas a la familia de Dilan Cruz.
El acto deberá llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
La corporación justificó esta decisión al señalar que los hechos ocurrieron mientras el joven ejercía su derecho constitucional y convencional a la protesta, por lo que consideró necesario adoptar medidas de satisfacción para las víctimas.
Asimismo, el fallo enfatizó que ninguna persona que participe legítimamente en una manifestación debe ser objeto de actuaciones que pongan en riesgo su vida, integridad o dignidad.
Un caso emblemático del estallido social
La muerte de Dilan Cruz, ocurrida el 25 de noviembre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil disparado por un agente del entonces Esmad, se convirtió en uno de los casos más representativos del debate sobre el uso de la fuerza durante las protestas sociales en Colombia.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la responsabilidad del Estado y ordenó medidas de reparación dirigidas a reconocer los hechos y garantizar la protección de los derechos fundamentales durante las manifestaciones.
