Por: MinTransporte respondió a los cuestionamientos del presidente electo Abelardo De la Espriella sobre el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de restauración del Canal del Dique y aseguró que los estudios se sustentan en criterios técnicos, científicos y jurídicos para garantizar una ejecución responsable de la obra.
La cartera explicó que el proceso busca proteger los ecosistemas ubicados en el área de influencia del canal y brindar seguridad jurídica al desarrollo de una de las intervenciones de infraestructura ambiental más importantes del país.
Las declaraciones se producen después de que De la Espriella cuestionara el valor de los estudios ambientales durante una visita a Campo de la Cruz (Atlántico), donde calificó como “turbio” el contrato relacionado con ese componente del proyecto. Días antes, el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, había señalado que el estudio ambiental abarca cerca de 300.000 hectáreas y tiene un costo aproximado de $80.000 millones.
Frente a esas críticas, el Ministerio de Transporte indicó que los estudios están próximos a concluir y destacó que, durante su elaboración, fue necesario ajustar el diseño original del proyecto para proteger ecosistemas estratégicos, entre ellos el Santuario de Fauna y Flora El Corchal y los Parques Nacionales Naturales Corales de Profundidad e Islas del Rosario.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la restauración del Canal del Dique debe avanzar, pero con el respaldo de estudios rigurosos que permitan prevenir impactos ambientales y garantizar la viabilidad jurídica del proyecto.
Según la funcionaria, ejecutar las obras sin los análisis correspondientes podría derivar en graves afectaciones ambientales e incluso en la suspensión de la intervención por decisiones judiciales, razón por la cual el Gobierno optó por fortalecer el proceso de licenciamiento.
De acuerdo con la cartera, el Estudio de Impacto Ambiental registra un avance del 64 % y hasta el momento se han desarrollado 22 procesos de consulta previa con comunidades del área de influencia.
El Ministerio también informó que ya se han comprometido $75.000 millones para el proceso de licenciamiento ambiental, por lo que una eventual suspensión de los estudios podría generar afectaciones al patrimonio público.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recordó que el proyecto comprende un área de influencia de 435.000 hectáreas, entre zonas continentales y marinas, a lo largo de 115 kilómetros, desde Calamar hasta la bahía de Cartagena.
Entre las principales obras previstas se encuentran la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas en Calamar y Puerto Badel, con el propósito de recuperar el equilibrio ambiental del Canal del Dique y reducir los riesgos asociados a inundaciones y sedimentación.
Por su parte, el presidente electo Abelardo De la Espriella reiteró su intención de acelerar la ejecución del proyecto una vez asuma el Gobierno, al considerar que la iniciativa lleva varios años sin pasar a su fase de construcción.
