Por: La Contraloría General de la República puso bajo la lupa tres contratos cuyo valor conjunto supera los $16.600 millones, relacionados con la transmisión de mando del presidente Abelardo de la Espriella y actividades asociadas a la salida de Gustavo Petro de la Presidencia.
La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, quien pidió al organismo de control revisar la destinación de los recursos públicos utilizados para estos eventos.
La Contraloría determinó que existen elementos suficientes para realizar una vigilancia fiscal posterior y selectiva, con el propósito de establecer si los recursos fueron utilizados de manera adecuada y si los contratos se ajustaron a las necesidades reales de las actividades financiadas.
La actuación quedó a cargo de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. En el oficio mediante el cual respondió a la solicitud del congresista, el organismo señaló que el caso cuenta con los elementos necesarios para adelantar la revisión.
Rúa celebró la decisión y aseguró que la actuación permitirá revisar los contratos, sus eventuales modificaciones y la ejecución efectiva de los recursos. Sin embargo, aclaró que su denuncia no busca establecer responsabilidades individuales, sino activar los mecanismos de control correspondientes.
¿Qué investigará la Contraloría?
Aunque inicialmente el senador había solicitado un control preventivo y concomitante, la Contraloría determinó que, debido a los plazos de ejecución y a la naturaleza de los contratos, resulta más adecuado realizar una revisión posterior mediante una auditoría de cumplimiento.
El organismo buscará determinar, entre otros aspectos, si existieron:
- Sobrecostos en los contratos.
- Pagos sin los respectivos soportes.
- Servicios que no fueron efectivamente prestados.
- Duplicidad de contratos o financiación.
- Cobros o pagos duplicados.
- Irregularidades en la etapa de planeación y contratación.
- Eventuales inconsistencias entre los recursos contratados y los servicios ejecutados.
La revisión también podrá incluir contratos cuyo objeto no estuviera directamente relacionado con la posesión presidencial, pero que hayan terminado financiando actividades vinculadas con la transmisión de mando o la despedida del anterior presidente.
Los tres contratos que serán revisados
Uno de los principales contratos bajo análisis es el 487-2025 de Inravisión, firmado el 1 de diciembre de 2025 por $4.166 millones. El contrato contemplaba la transmisión de la ceremonia de posesión presidencial y otros eventos hasta noviembre de 2026.
Posteriormente recibió una adición de $2.562 millones, elevando su valor total a aproximadamente $6.729 millones. Uno de los puntos que deberá determinar la auditoría es la ejecución efectiva de este contrato, teniendo en cuenta que el sistema de medios públicos finalmente no produjo la señal de la posesión.
El segundo es el contrato 880 del Ministerio de Relaciones Exteriores, por aproximadamente $6.381 millones. Este acuerdo contempla una bolsa destinada a entre 200 y 300 eventos institucionales hasta diciembre de 2026, por lo que no estaba exclusivamente destinado a la posesión presidencial.
El tercer contrato corresponde al 554 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), suscrito en julio de 2026 por $3.500 millones. Este acuerdo contempló cinco eventos relacionados con el cambio de Gobierno, entre ellos actividades asociadas a la despedida de Gustavo Petro.
Según Rúa, los tres contratos fueron suscritos durante la administración anterior, entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
Contraloría pedirá documentos a varias entidades
La investigación abarcará las actividades realizadas antes, durante y después del 7 de agosto de 2026, fecha de la posesión presidencial. Para determinar cuánto dinero público fue destinado realmente a estos eventos, la Contraloría solicitará los expedientes contractuales y demás documentos relacionados.
Entre las entidades requeridas están el Dapre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio de esa cartera, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda.
También fueron requeridas las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes, en el marco de las actuaciones promovidas por Rúa.
El senador, además, impulsó una comisión accidental en el Senado para realizar seguimiento político a los recursos utilizados en la posesión presidencial celebrada en Cali.
La revisión fiscal deberá establecer finalmente cuánto costó la transición presidencial, qué entidades participaron, qué contratos financiaron las actividades y de dónde provinieron los recursos.
Por ahora, la apertura de la vigilancia fiscal no implica que la Contraloría haya determinado la existencia de un detrimento patrimonial. El objetivo de la actuación será precisamente establecer, a partir de los documentos y de la ejecución contractual, si hubo o no irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
