Por: Una directiva de la nueva dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el lenguaje utilizado en las comunicaciones institucionales generó una nueva controversia política. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo cuestionó la decisión de priorizar el término “niñez” y advirtió que eliminar expresamente la palabra “niñas” podría tener implicaciones que van más allá de una discusión semántica.
La instrucción fue emitida por la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, quien pidió a los funcionarios utilizar como referencia la misión institucional de garantizar la “protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias en Colombia”.
Según la directiva, el concepto de “niñez” comprende a toda la población infantil y permite hacer referencia al conjunto de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bajo ese criterio, la entidad busca unificar el lenguaje utilizado en sus comunicaciones oficiales.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de sectores políticos que consideran que el uso exclusivo de términos generales podría invisibilizar problemáticas específicas que afectan a las niñas.
Cristo fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta de X, sostuvo que la medida no debería analizarse únicamente desde una perspectiva lingüística.
“La decisión de la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, de excluir la palabra ‘niñas’ del lenguaje institucional va más allá de un tema semántico: es una afrenta política contra los derechos de las menores que desconoce el Código de Infancia y Adolescencia de este país”, afirmó.
Cristo advierte posibles implicaciones jurídicas
El exministro acompañó su pronunciamiento con un video en el que desarrolló sus cuestionamientos a la directiva.
Para Cristo, la utilización del término “niñez” como categoría general no debería implicar dejar de reconocer expresamente a las niñas como un grupo que puede enfrentar vulneraciones particulares de derechos.
“¿Es en serio que van a eliminar la palabra ‘niñas’ del lenguaje institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Este no es un debate político. Este no es un debate tampoco semántico, lingüístico. Es un debate jurídico, de fondo”, manifestó.
El exfuncionario sostuvo además que cualquier modificación en el lenguaje institucional debe ser compatible con el Código de Infancia y Adolescencia y con las obligaciones estatales relacionadas con la protección de los derechos de niños y niñas.
Según Cristo, prescindir del término podría afectar el reconocimiento de las diferencias existentes entre las experiencias y vulnerabilidades de niños y niñas.
“Esa decisión del instituto viola flagrantemente el Código de la Infancia y del Menor, aprobado en Colombia hace casi 20 años”, señaló.
También afirmó que la directiva desconoce que las niñas tienen derechos específicos y que algunas problemáticas que afectan a la población infantil requieren una aproximación diferenciada.
“Desconoce que las niñas en Colombia tienen derechos igual que los niños, elimina la perspectiva de género y desconoce también una problemática muy particular de las violaciones a los derechos de las niñas en Colombia en distintos escenarios de nuestra sociedad”, sostuvo.
¿Qué plantea realmente la directiva del ICBF?
El centro de la controversia está en determinar si la utilización del concepto “niñez” como categoría institucional supone realmente eliminar el reconocimiento de las niñas o si se trata de una decisión orientada a unificar la comunicación oficial.
La directiva de la entidad parte de que “niñez” es un concepto amplio que incluye a toda la población infantil. Sus críticos, en cambio, consideran que el lenguaje institucional también debe hacer visibles las particularidades de género cuando se abordan situaciones de vulnerabilidad o violaciones específicas de derechos.
Por ahora, la discusión permanece principalmente en el terreno político y jurídico. La controversia plantea una pregunta de fondo: si el lenguaje institucional debe limitarse a categorías generales o incorporar expresamente a los grupos que enfrentan riesgos y vulneraciones diferenciadas.
