El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una acción de tutela contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella por la suspensión de la programación de las 20 emisoras de paz creadas en el marco del Acuerdo Final de 2016.
La decisión dejó temporalmente estas frecuencias transmitiendo únicamente música y generó cuestionamientos entre trabajadores, organizaciones sociales y comunidades de los territorios donde funcionan las estaciones. Cepeda calificó la medida como un posible acto de censura y anunció que acudirá a la justicia para solicitar la protección de derechos fundamentales.
El senador precisó que la tutela será dirigida contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el sistema estatal de medios Inravisión.
“Interpondré acción de tutela en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Inravisión, por la vulneración de los derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y a la paz”, señaló Cepeda en su cuenta de X.
Cepeda cuestiona suspensión de las emisoras de paz
La programación de las emisoras fue suspendida mediante una instrucción comunicada el lunes festivo 17 de agosto, a través de un mensaje de WhatsApp enviado por Inravisión a los directores de las estaciones, según informó El Armadillo.
La medida no se limitó a las 20 emisoras de paz. También alcanzó a 11 emisoras descentralizadas del sistema de Radio Nacional, lo que representa más de 70 frecuencias afectadas por la decisión.
Para Cepeda, la suspensión tiene especial relevancia porque las emisoras de paz surgieron como parte de los compromisos establecidos en el punto 6.5 del Acuerdo Final de 2016, firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.
Ese apartado contempló la creación de 20 emisoras para la convivencia y la reconciliación en municipios priorizados por el proceso de paz, con el propósito de ofrecer contenidos culturales, musicales e informativos y abordar las dinámicas de las comunidades y la implementación del acuerdo.
Por ello, el senador considera que la suspensión de la programación puede afectar no solamente el funcionamiento de un medio público, sino también el cumplimiento de compromisos relacionados con la construcción de paz y el acceso a información en territorios históricamente afectados por el conflicto.
La decisión genera preocupación en los territorios
La suspensión se produjo pocos días después de la llegada del nuevo Gobierno y de cambios en la dirección de Inravisión. El 12 de agosto, el Ministerio TIC oficializó el nombramiento de Ángela María Mora como gerente de la entidad.
La decisión generó preocupación entre trabajadores de las emisoras, líderes comunitarios y habitantes de los municipios donde funcionan las estaciones, particularmente porque una parte importante de su programación se produce desde los propios territorios.
Además de contenidos informativos, estas emisoras desarrollan espacios relacionados con cultura, convivencia, medio ambiente, vida campesina y dinámicas comunitarias, por lo que su suspensión representa una modificación significativa en la oferta de medios públicos regionales.
Ahora, la controversia tendrá un escenario jurídico. Con la tutela anunciada por Cepeda, la justicia deberá determinar si la decisión adoptada por el Gobierno y las entidades responsables de los medios públicos vulneró los derechos fundamentales invocados por el senador y si existen obligaciones específicas derivadas del Acuerdo de Paz que deban ser garantizadas.


