Por: Los informes de financiación de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella muestran que varias personas que realizaron aportes en especie o prestaron servicios durante la segunda vuelta terminaron vinculadas posteriormente a la administración que comenzó tras las elecciones.
Una revisión de los reportes de campaña realizada por la revista Cambio identificó entre los contribuyentes a Joaquín Gutiérrez, Carlos Ríos y Ana María Ríos, tres personas cercanas al actual mandatario que posteriormente adquirieron posiciones dentro de la estructura gubernamental o estuvieron relacionadas con ella.
A estos nombres se suma el de Richard Caicedo, quien recibió honorarios durante la campaña y posteriormente asumió la presidencia del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
Los registros también permiten identificar empresas que prestaron servicios a la candidatura durante la contienda electoral y que posteriormente aparecieron en procesos de contratación con entidades estatales.
La información no establece por sí misma una relación causal entre los aportes o contratos de campaña y los posteriores nombramientos o contratos públicos. Sin embargo, las coincidencias hacen parte de la información que deberá ser revisada dentro del seguimiento a las cuentas de la campaña y a la contratación estatal de la nueva administración.
Tres nombres del círculo de De la Espriella aparecen entre los aportantes
La campaña presidencial de De la Espriella se financió principalmente mediante créditos bancarios. Los informes registran dos préstamos otorgados por GNB Sudameris por un valor conjunto de 17.669 millones de pesos.
A esa financiación se sumaron diferentes contribuciones en especie realizadas por personas vinculadas al entorno político del entonces candidato.
Entre ellas aparece Joaquín Gutiérrez, cuyo aporte quedó registrado en los informes de la segunda vuelta. Después de las elecciones, Gutiérrez fue postulado por De la Espriella para ocupar la presidencia de Ecopetrol.
Otro de los nombres que figura en los reportes es Carlos Ríos, quien actualmente dirige el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Ríos aparece relacionado entre las personas que realizaron contribuciones no monetarias a la campaña y posteriormente pasó a ocupar una posición dentro de la estructura central del nuevo Gobierno.
También figura Ana María Ríos, hermana de Carlos Ríos y quien se desempeñó como tesorera de la campaña presidencial. Su nombre aparece igualmente en la relación de aportes en especie presentada ante las autoridades electorales.
Estos registros permiten establecer que las tres personas estuvieron vinculadas de distintas maneras con la campaña y que, posteriormente, quedaron relacionadas con la administración de De la Espriella.
Richard Caicedo: de trabajar para la campaña a dirigir el Icetex
Otro caso mencionado en la revisión de las cuentas es el de Richard Caicedo.
Durante la segunda vuelta presidencial, el ingeniero recibió 7 millones de pesos por labores administrativas relacionadas con la campaña.
Después de las elecciones, Caicedo pasó a ocupar un cargo en el Gobierno. Desde el 18 de agosto de 2026 ejerce como presidente del Icetex.
Su caso establece otra coincidencia entre una persona que participó directamente en la operación de la campaña electoral y su posterior llegada a una entidad estatal.
La situación, al igual que los demás casos identificados, no implica por sí sola una irregularidad. Los aportes, pagos y nombramientos deben analizarse de acuerdo con las normas electorales, administrativas y de contratación que correspondan.
La propaganda concentró la mayor parte del gasto electoral
Los informes de la segunda vuelta también muestran cómo se distribuyeron los recursos de la campaña.
La candidatura de De la Espriella destinó 12.665 millones de pesos a propaganda electoral, una cifra equivalente al 71 % del gasto total reportado.
Entre los principales receptores de esos recursos estuvo Industral Party SAS, que recibió 9.665 millones de pesos.
En el grupo de empresas que recibieron recursos por propaganda también aparecen Caracol Televisión, DV360 Acomedios y RCN Televisión.
El segundo gran componente del gasto correspondió a labores administrativas, con 2.422 millones de pesos reportados.
De ese monto, cerca del 60 % fue destinado a Estrategia y Poder, firma de la que Carlos Suárez es sociofundador.
Suárez también tuvo participación en la estructura electoral de De la Espriella. Después de la victoria presidencial recibió una oferta para asumir un cargo de alto nivel en el Gobierno, aunque finalmente decidió no aceptar.
Una empresa de viajes recibió más de $300 millones en segunda vuelta
Los informes electorales también registran pagos relacionados con logística y desplazamientos.
Durante la segunda vuelta, Nova Soportes Integral recibió 344 millones de pesos por servicios que incluyeron reservas de alojamiento, tiquetes y transporte terrestre.
La compañía ya había recibido recursos de la campaña durante la primera vuelta. En ese periodo, según la revisión citada por Cambio, la empresa facturó 1.299 millones de pesos.
El reporte también llamó la atención sobre la dirección registrada por la compañía, que correspondería a la sede de una empresa dedicada a la comercialización de alimentos congelados.
Este tipo de registros permite reconstruir cómo se utilizaron los recursos de la campaña y cuáles fueron los principales proveedores durante las diferentes etapas de la contienda presidencial.
Searca y Calmori: proveedores de campaña que después aparecen en contratación estatal
Otro de los puntos incluidos en la revisión corresponde a empresas de transporte que prestaron servicios durante la campaña y que posteriormente tuvieron relación contractual con entidades públicas.
Searca S.A. recibió 217 millones de pesos por servicios de transporte aéreo durante la segunda vuelta.
Según la información revisada, apenas un día después de la posesión de De la Espriella, la Base Naval No. 6 de la Armada Nacional suscribió con esa compañía un contrato por 10.127 millones de pesos.
Otro caso corresponde a Calmori S.A.S., que recibió 5,8 millones de pesos de la campaña por servicios de transporte.
La empresa ya tenía antecedentes de contratación con el Estado. Antes del inicio del nuevo Gobierno había suscrito cinco contratos públicos cuyo valor acumulado llegaba a 174.351 millones de pesos.
De acuerdo con los registros de SECOP II citados en la investigación, la compañía mantiene además tres contratos vigentes con la Unidad Nacional de Protección (UNP), por un valor conjunto de 117.529 millones de pesos.
Dos de esos contratos fueron firmados el 19 de agosto de 2026 y suman 22.090 millones de pesos.
La coincidencia temporal y contractual hace que estos procesos formen parte de los elementos que pueden ser objeto de seguimiento, aunque la existencia de contratos anteriores o posteriores a una campaña no demuestra por sí misma que exista una relación indebida entre las operaciones.
La campaña quedó cerca del límite de gasto
Los informes financieros también muestran que la candidatura de De la Espriella terminó la segunda vuelta muy cerca del límite de gastos establecido por las autoridades electorales.
Según el reporte definitivo, la campaña quedó aproximadamente 566 millones de pesos por debajo del tope permitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La cifra será relevante dentro del proceso de revisión que debe adelantar el organismo electoral para determinar si los reportes presentados cumplen con las disposiciones sobre financiación y gasto de las campañas.
La candidatura de Iván Cepeda también terminó cerca del límite establecido para la segunda vuelta.
Las dos campañas podrán acceder al mecanismo de reposición de votos siempre que cumplan las condiciones previstas en la legislación electoral y los requisitos establecidos por las autoridades competentes.
¿Qué deberán revisar las autoridades?
Los informes de campaña permiten reconstruir el origen de los recursos, los aportes recibidos y los principales gastos realizados durante la contienda. Sin embargo, la revisión electoral no se limita a verificar que los nombres aparezcan correctamente registrados.
El Consejo Nacional Electoral deberá determinar si los ingresos y gastos reportados se ajustan a las normas vigentes, si se respetaron los topes establecidos y si la información entregada corresponde efectivamente a las operaciones realizadas.
En paralelo, los procesos de contratación pública de las empresas mencionadas deberán analizarse bajo las reglas propias de la contratación estatal, independientemente de su participación previa como proveedoras de una campaña política.
Por ahora, los documentos dejan una serie de coincidencias: personas que aportaron o trabajaron para la candidatura y posteriormente llegaron a cargos públicos, además de empresas que prestaron servicios durante la campaña y que aparecen vinculadas a contratos estatales.
Estos elementos no permiten concluir por sí solos que haya existido una contraprestación entre los aportes electorales y los posteriores nombramientos o contratos. Pero sí ofrecen un mapa de las relaciones entre la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia y algunos de los actores que posteriormente quedaron vinculados a su administración.
