Por: La discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 comenzó a generar tensiones entre el Congreso y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de que varios de los funcionarios citados para explicar las necesidades de sus respectivas entidades no asistieran a una sesión de las comisiones económicas.
La ausencia de los ministros de Hacienda y Vivienda, así como del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), provocó que la mesa directiva de las comisiones económicas levantara la sesión prevista para avanzar en el análisis del proyecto presupuestal.
La decisión generó una fuerte reacción entre los congresistas encargados de estudiar y tramitar el proyecto. El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Alfredo Ape Cuello, advirtió que la falta de asistencia de los funcionarios podría terminar teniendo consecuencias en la asignación de recursos para sus respectivas carteras.
“Entenderemos que aquellos que no asistan al Congreso no necesitan inversión del Presupuesto Nacional”, afirmó Cuello en declaraciones a La FM.
La advertencia apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del trámite presupuestal: la distribución de los recursos públicos entre los diferentes sectores de la administración nacional.
“Reubicaremos sus partidas”
La posición de Cuello fue respaldada por Jorge Rodrigo Tovar Vélez, ponente del Presupuesto General de la Nación para 2027, quien fue aún más contundente al referirse a la ausencia de los ministros.
El congresista sostuvo que, dentro del trámite legislativo del Presupuesto, el Congreso tiene capacidad para intervenir en la distribución de las partidas y planteó la posibilidad de trasladar recursos de las entidades cuyos responsables no participen en las discusiones.
“¡Más claro no canta un gallo! Como ponente del Presupuesto, ministro que no asista a la citación que le hemos hecho, entenderemos su desinterés y reubicaremos sus partidas presupuestales en otras carteras que la necesiten”, afirmó Tovar Vélez.
La declaración deja planteada una advertencia política en un momento determinante para el Gobierno, pues las comisiones económicas deberán definir durante las próximas semanas cuáles serán las prioridades de gasto para el próximo año.
Tovar Vélez aseguró que el propósito del Legislativo es que la distribución del presupuesto responda a las necesidades de las diferentes regiones y permita concentrar los recursos en aquellas áreas consideradas prioritarias.
“Ese es el interés del Congreso y sé que es el interés del Presidente de la República”, sostuvo el congresista.
Sin embargo, el ponente también dejó entrever diferencias dentro del propio Ejecutivo al señalar que algunos ministros “pareciera que no están en sintonía” con el mandatario.
Un presupuesto clave para el Gobierno
El Presupuesto General de la Nación es uno de los principales instrumentos de política pública con los que cuenta cualquier administración. Su aprobación determina el marco de recursos con el que el Gobierno podrá financiar durante el siguiente año programas, inversiones y gastos de funcionamiento.
Por esa razón, la discusión del PGN suele convertirse en uno de los principales escenarios de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso.
En este caso, el episodio de las inasistencias ocurre mientras el proyecto de Presupuesto para 2027 avanza en un calendario legislativo que contempla varias fechas determinantes.
De acuerdo con el cronograma previsto, el monto definitivo del presupuesto deberá quedar establecido antes del 15 de septiembre de 2026. Posteriormente, se deberá presentar la ponencia para primer debate, cuyo trámite deberá avanzar antes de finalizar septiembre.
Después, el proyecto llegará a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. El primer debate en estas corporaciones está previsto para el 1 de octubre.
El proceso deberá avanzar posteriormente hacia las etapas finales de discusión y eventual conciliación entre ambas cámaras, de manera que el trámite legislativo pueda concluir antes del 20 de octubre de 2026, fecha establecida como límite para la aprobación de la ley presupuestal.
La advertencia pone presión sobre el Ejecutivo
La controversia por la ausencia de los ministros agrega presión a un trámite que, por su naturaleza, requiere una estrecha coordinación entre el Gobierno y el Congreso.
Para el Ejecutivo, la discusión no solo implica defender el monto global del presupuesto, sino justificar las apropiaciones destinadas a cada sector y explicar ante los congresistas las prioridades de inversión para el próximo año.
Para el Legislativo, por su parte, el debate constituye una oportunidad para revisar la distribución de los recursos y plantear modificaciones de acuerdo con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores.
En ese escenario, las declaraciones de Cuello y Tovar Vélez elevan el tono de la discusión y envían un mensaje directo al gabinete de Abelardo de la Espriella: la participación de los ministros en el debate presupuestal no sería considerada un asunto meramente protocolario.
La advertencia también plantea un nuevo escenario de negociación entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, que tendrán en sus manos una parte fundamental de las decisiones sobre el gasto público de 2027.
Por ahora, el episodio deja una señal de tensión entre ambas ramas del poder público justo cuando comienza una de las etapas más importantes para definir cómo se distribuirán los recursos de la Nación durante el próximo año.
