Por: El ministro de Defensa, general Jorge Eduardo Mora, deberá presentarse ante la plenaria del Senado el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026, en el marco de la moción de censura promovida por sectores de la oposición contra la política operacional del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La iniciativa fue presentada a raíz de los cuestionamientos por ataques y bombardeos ejecutados por la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, operaciones en las que se produjo la muerte de menores de edad que, según las autoridades, habrían sido reclutados por grupos armados.
La fecha del debate fue confirmada por fuentes citadas por La FM y marca uno de los primeros enfrentamientos políticos de alto nivel entre el Congreso y el nuevo Gobierno alrededor de la estrategia de seguridad y el uso de la fuerza militar.
El debate tendrá como eje la responsabilidad política que, según los congresistas que promovieron la moción, tendría el ministro frente a la planeación, dirección y supervisión de las operaciones militares cuestionadas.
La oposición cuestiona el manejo de las operaciones
En el documento que sustenta la moción de censura, los congresistas señalan que Mora tendría una responsabilidad política por la conducción de una política operacional que terminó con la muerte de tres menores de edad.
Los parlamentarios cuestionan, particularmente, qué información tenía el Estado sobre la eventual presencia de menores en las zonas donde se desarrollaron las operaciones y cuáles fueron las medidas adoptadas para evitar que fueran afectados.
De acuerdo con el planteamiento de los congresistas, el debate no busca únicamente establecer qué ocurrió durante los operativos, sino determinar qué protocolos de prevención y verificación se aplicaron antes de autorizar los ataques.
La oposición también pretende que el ministro explique ante el Senado cuáles son los procedimientos utilizados por las Fuerzas Militares cuando existe información que pueda indicar que niños, niñas o adolescentes se encuentran en campamentos o estructuras de grupos armados.
Durante la sesión, los congresistas que promovieron la moción expondrán sus argumentos, mientras que el ministro tendrá la oportunidad de responder a los cuestionamientos y defender las actuaciones de la cartera que dirige.
Posteriormente, las diferentes bancadas deberán fijar su posición frente a la moción de censura.
El resultado de esa votación será determinante para establecer si el Congreso respalda las actuaciones del ministro o si existe una mayoría suficiente para exigir su salida del cargo.
La discusión ocurre mientras la justicia pone límites a los bombardeos
El debate político en el Senado llega además en un momento en el que diferentes decisiones judiciales han introducido restricciones sobre las operaciones aéreas contra grupos armados cuando exista información sobre la posible presencia de menores de edad.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó provisionalmente a la Presidencia abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos en los que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
La decisión establece que las operaciones deberán sujetarse a medidas de precaución y protección orientadas a reducir el riesgo para los menores.
El fallo condiciona la realización de este tipo de operaciones a que, de acuerdo con la información disponible y los protocolos operacionales, no exista una alternativa menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo.
La decisión judicial agrega un elemento adicional al debate que enfrentará el ministro Mora en el Congreso, pues la discusión sobre la actuación de la Fuerza Pública ya no se limita al escenario político y también está siendo examinada por la justicia.
Suspensión provisional de bombardeos en Guaviare
A este escenario se sumó una decisión adoptada el 5 de septiembre de 2026 por el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez.
El funcionario judicial ordenó la suspensión provisional de los bombardeos contra objetivos militares ubicados en el departamento del Guaviare cuando existan elementos objetivos que permitan advertir razonablemente la posible presencia de niños o adolescentes en las zonas de operación.
La medida fue adoptada mientras avanza el estudio de una acción de tutela y de una solicitud de medida cautelar.
El auto, de 12 páginas, establece que la restricción debe aplicarse cuando existan informes de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos que permitan prever la presencia de menores en el área donde se pretende desarrollar una operación.
La orden está dirigida al presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares competentes.
En términos prácticos, la decisión establece una limitación temporal para los bombardeos en Guaviare cuando exista información que permita advertir un posible riesgo para la vida o integridad física de menores.
El juez ordenó específicamente la suspensión temporal de los bombardeos contra objetivos militares de grupos o estructuras armadas ilegales en ese departamento cuando se presenten elementos de inteligencia o alertas que indiquen razonablemente la posible presencia de niños, niñas o adolescentes.
Un debate que pone a prueba la política de seguridad
La moción de censura contra Jorge Eduardo Mora se convierte así en un escenario clave para discutir uno de los principales componentes de la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La controversia gira alrededor del equilibrio entre las operaciones militares contra grupos armados y las obligaciones del Estado de proteger a la población civil, especialmente a los menores que hayan sido reclutados o utilizados por esas organizaciones.
Para la oposición, las circunstancias que rodearon las operaciones justifican que el ministro responda políticamente ante el Senado. Para el Gobierno, el debate será la oportunidad para explicar los procedimientos utilizados por las Fuerzas Militares y defender la estrategia frente a los grupos armados.
La sesión del 16 de septiembre permitirá conocer la posición de las diferentes bancadas y determinar si el Congreso considera que existen razones suficientes para respaldar la moción.
Mientras tanto, las decisiones judiciales adoptadas en Bogotá y Guaviare agregan presión sobre el Ejecutivo y obligan a revisar las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse operaciones aéreas contra estructuras armadas cuando exista información sobre la presencia de menores.
El debate del Senado tendrá, por tanto, dos dimensiones: la responsabilidad política que la oposición atribuye al ministro de Defensa y la discusión más amplia sobre los límites y precauciones que deben acompañar el uso de la fuerza militar en Colombia.
