Por: El alto tribunal confirmó las penas contra tres exintegrantes del Tribunal Superior de Villavicencio señalados de manipular decisiones judiciales a cambio de sobornos, dinero, licor y encuentros con trabajadoras sexuales.
La investigación reveló que los exmagistrados habrían favorecido a personas procesadas por homicidio y concierto para delinquir mediante fallos irregulares y decisiones contrarias a la ley.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio involucrados en uno de los escándalos de corrupción judicial más graves registrados en el Meta en los últimos años.
La Sala de Casación Penal confirmó las penas de prisión contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, quienes fueron hallados responsables de alterar procesos judiciales y emitir decisiones ilegales a cambio de sobornos y beneficios personales.
Según la decisión judicial, los exmagistrados participaron en una red de corrupción que operó entre 2012 y 2014 y que tenía como propósito beneficiar a personas vinculadas a delitos graves como homicidio agravado y concierto para delinquir.
La Corte Suprema confirmó una condena de 128 meses y un día de prisión contra Díaz Rodríguez por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. Por su parte, Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron penas de 120 meses y un día de prisión por los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción simple.
Sobornos millonarios y fiestas con licor y mujeres
Uno de los aspectos más polémicos del caso tiene que ver con los beneficios que, según la investigación, recibían los exmagistrados a cambio de favorecer decisiones judiciales.
La Corte Suprema documentó que en uno de los procesos se pactó un soborno de hasta $2.000 millones para manipular actuaciones judiciales. Además, la sentencia señala que los funcionarios judiciales aceptaron fiestas, comidas, licor y encuentros con trabajadoras sexuales organizados por personas interesadas en obtener fallos favorables.
De acuerdo con el expediente, una de las beneficiadas fue Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado. La Corte señaló que durante la vigencia del acuerdo ilícito la mujer organizó varias celebraciones en el hotel Paloverde para atender a los magistrados involucrados.
La sentencia indica que dichos encuentros incluían “comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales”, como parte de las contraprestaciones entregadas por los favorecimientos judiciales.
También favorecieron a alias “Cesarín”
La Corte Suprema también confirmó que los exmagistrados emitieron un fallo de tutela irregular en beneficio de Hernán Darío Giraldo Gaviria, conocido con el alias de “Cesarín”.
Según el alto tribunal, los magistrados declararon la nulidad de una providencia judicial ya ejecutoriada sin cumplir los requisitos legales exigidos para ese tipo de actuaciones.
La Sala Penal concluyó que las decisiones tomadas por los condenados representaron un “total desprecio por el orden jurídico” y constituyeron una grave afectación a la administración de justicia.
Corte cuestionó beneficio de prisión domiciliaria
Aunque los exmagistrados recibieron el beneficio de prisión domiciliaria debido a factores relacionados con edad, pensión e inhabilidad, la Corte Suprema lanzó fuertes cuestionamientos frente a esa determinación.
El alto tribunal advirtió que la decisión no estuvo acompañada de un análisis suficientemente riguroso sobre la gravedad de las conductas y el daño institucional causado por los hechos.
Pese a ello, la Sala explicó que no podía revocar la medida por el principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación jurídica de los condenados en determinadas condiciones procesales.
Sin embargo, la Corte hizo un llamado para que en futuros casos se aplique un análisis más estricto antes de conceder este tipo de beneficios a funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
Fiscalía investigará nuevos posibles hechos
La decisión judicial también incluyó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar nuevos posibles hechos relacionados con pagos de sobornos dentro de procesos judiciales.
Entre ellos aparece un presunto pago de $100 millones vinculado a otro fallo de tutela cuestionado por las autoridades.
La sentencia, liderada por el magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, cierra parcialmente uno de los casos que más golpeó la credibilidad de la justicia en Villavicencio y el departamento del Meta.
Para la Corte Suprema, las actuaciones de los exmagistrados no solo comprometieron la legalidad de decisiones judiciales, sino que afectaron directamente la confianza ciudadana en la administración de justicia.
