Por: El exjefe del extinto DAS continuará vinculado a la investigación por el magnicidio del candidato presidencial del M-19, aunque la Fiscalía decidió no imponerle medida de aseguramiento por su edad y delicado estado de salud.
La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente al exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, como presunto coautor del asesinato del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990. No obstante, el ente investigador determinó que continuará el proceso sin imponer una medida de aseguramiento, debido a las condiciones médicas y la avanzada edad del exfuncionario.
La investigación por uno de los magnicidios más recordados de la historia política de Colombia tuvo un nuevo avance. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del general en retiro Miguel Maza Márquez y lo vinculó como presunto coautor del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado mientras adelantaba su campaña presidencial en abril de 1990.
De acuerdo con el ente acusador, el exdirector del DAS es investigado por los delitos de homicidio con fines terroristas, en concurso con concierto para delinquir. La decisión hace parte del proceso que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen del entonces candidato de la Alianza Democrática M-19, ocurrido dentro de un avión comercial que cubría la ruta Bogotá–Barranquilla.
Pese a la vinculación formal al proceso, la Fiscalía decidió abstenerse de imponer una medida de aseguramiento contra Maza Márquez. El expediente se tramita bajo la Ley 600 de 2000, normativa que permite a la Fiscalía definir directamente la situación jurídica del investigado sin acudir previamente a un juez para solicitar una detención preventiva.
La decisión estuvo sustentada, entre otros aspectos, en la condición médica del exfuncionario. Según el expediente, Maza Márquez tiene 88 años y presenta enfermedades de alta complejidad, entre ellas insuficiencia renal terminal, enfermedad renal crónica en fase avanzada, diabetes con complicaciones y trastornos neurológicos, condiciones que requieren atención médica permanente. Para la Fiscalía, ese panorama hace improbable cualquier riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia.
Además, el ente investigador señaló que durante los años que han transcurrido desde el magnicidio no encontró evidencia de que el exdirector del DAS hubiera intentado interferir en la investigación o manipular pruebas. También indicó que la desaparición del DAS elimina cualquier posibilidad de ejercer influencia institucional sobre funcionarios o testigos del caso.
Sin embargo, la decisión no representa un cierre del expediente. La Fiscalía sostuvo que existen elementos de prueba que permitirían establecer un presunto debilitamiento progresivo del esquema de seguridad de Carlos Pizarro, así como cambios en el equipo de protección y posibles filtraciones de información sobre sus desplazamientos, hechos que habrían facilitado la ejecución del atentado.
La investigación también analiza una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares lideradas por Carlos Castaño y Fidel Castaño para facilitar el crimen y posteriormente desviar las investigaciones hacia otras hipótesis. Según el expediente, el entonces director del DAS tenía la responsabilidad de coordinar y supervisar los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales de la época.
La Fiscalía recordó que hechos similares son materia de investigación en otros magnicidios ocurridos entre 1989 y 1990. Entre ellos figuran los asesinatos de José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán, casos en los que también se han documentado presuntas irregularidades relacionadas con los esquemas de protección de las víctimas.
El caso de Maza Márquez vuelve a cobrar relevancia luego de que este recuperara recientemente la libertad condicional tras cumplir parte de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán. En ese proceso, el alto tribunal concluyó que el entonces director del DAS contribuyó a debilitar el esquema de seguridad del dirigente político antes del atentado de 1989.
Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando viajaba en un vuelo comercial de Avianca entre Bogotá y Barranquilla. Minutos después del despegue, un hombre identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido con el alias de “Jerry”, le disparó en varias oportunidades. Aunque el candidato fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. El sicario murió dentro del avión tras ser abatido por uno de los escoltas de Pizarro.
Con esta nueva actuación judicial, la Fiscalía mantiene abierta una investigación que busca determinar las responsabilidades de quienes habrían participado en uno de los magnicidios que marcaron la historia política reciente de Colombia y que continúa siendo considerado un crimen de lesa humanidad.
