Por: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que las vinculaciones se realizaron bajo un nuevo marco legal que busca dignificar el trabajo comunitario y eliminar la tercerización.
Un total de 1.600 madres comunitarias ya fueron vinculadas como trabajadoras oficiales de planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un hecho que marca un avance histórico en la dignificación laboral de quienes han cuidado durante décadas a la niñez más vulnerable del país.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que más de 1.600 madres comunitarias ya se encuentran vinculadas como trabajadoras oficiales de planta, una decisión que representa un cambio estructural en el modelo laboral de la entidad y un reconocimiento al trabajo comunitario que durante años ha sostenido la atención a la primera infancia en Colombia.
La información fue confirmada mediante una comunicación oficial del ICBF, en la que la entidad aseguró que esta medida reafirma el compromiso del llamado Gobierno del Cambio con la dignificación del trabajo de quienes cuidan y velan por la garantía de los derechos de las niñas y los niños en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el Instituto, este avance es el resultado de un proceso colectivo que se materializa en el Decreto 1398 de 2025 y la Ley 2466 del mismo año. Ambas normas están orientadas al fortalecimiento de la educación inicial pública y a la formalización laboral de las madres y padres comunitarios, un sector que históricamente ha enfrentado condiciones de precariedad laboral y vinculación tercerizada.
Con la aplicación de este nuevo marco legal, las madres comunitarias pasan a integrarse formalmente a la planta del ICBF, lo que les garantiza mayor estabilidad laboral, acceso pleno a derechos como la seguridad social y condiciones contractuales más justas. Además, el Instituto señaló que este proceso se desarrollará de manera gradual y progresiva, con el objetivo de avanzar hacia la eliminación total de la tercerización en la entidad.
La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, destacó la importancia de este paso y aseguró que hace parte de una transformación institucional más amplia. “Poco a poco estamos logrando lo que nos propusimos, y es que el Bienestar Familiar sea una entidad que garantice derechos con profesionales de planta, sin necesidad de la tercerización. Hoy, más de mil madres están vinculadas de manera permanente y definitiva al Instituto”, afirmó.
Según la funcionaria, esta decisión no solo mejora las condiciones laborales de las madres comunitarias, sino que también fortalece la calidad del servicio que se presta a la niñez, al contar con personal con mayor estabilidad y respaldo institucional. Para el ICBF, la formalización laboral se traduce en mejores procesos de atención, seguimiento y cuidado integral.
Este avance responde a uno de los compromisos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien durante su campaña y posterior mandato ha insistido en la necesidad de reconocer el papel fundamental de las madres y padres comunitarios en la protección de la infancia. Durante décadas, estas mujeres han sido la base de programas de atención en barrios populares y zonas rurales, muchas veces sin contar con garantías laborales plenas.
Desde distintos sectores se ha resaltado que la formalización de las madres comunitarias no solo representa un acto de justicia laboral, sino también un reconocimiento social a una labor históricamente invisibilizada. Estas trabajadoras han atendido, alimentado y protegido a millones de niñas y niños, convirtiéndose en un pilar fundamental del sistema de bienestar familiar del país.
El ICBF indicó que la vinculación de estas 1.600 madres es apenas una etapa dentro de un proceso más amplio que continuará en los próximos meses. La meta, según la entidad, es seguir ampliando el número de trabajadoras y trabajadores comunitarios que ingresan a la planta oficial, siempre bajo criterios de gradualidad y sostenibilidad fiscal.
La eliminación de la tercerización ha sido una de las principales demandas de las madres comunitarias a lo largo de los años. Diversas organizaciones han denunciado que este modelo generó inestabilidad, bajos ingresos y falta de reconocimiento a una labor esencial para el desarrollo integral de la infancia.
Con esta decisión, el ICBF aseguró que avanza hacia una entidad más sólida, coherente con su misión de garantizar derechos y con una estructura laboral que prioriza la dignidad humana. El Instituto reiteró que seguirá informando sobre las siguientes fases del proceso y los mecanismos que permitirán ampliar la vinculación directa de madres y padres comunitarios en todo el país.
