Por: Estados Unidos anunció este martes 18 de agosto de 2026 nuevas sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, en una nueva medida de presión de la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
La medida también alcanza al abogado senegalés Abdoulaye Seye, quien se desempeña como abogado principal de juicio de la Fiscalía de la CPI. Ambos fueron incluidos por el Gobierno estadounidense en su lista de personas sancionadas.
Las nuevas sanciones forman parte de la campaña emprendida por la administración Trump contra la Corte Penal Internacional, institución que Washington cuestiona por investigar o procesar a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción.
El anuncio fue realizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acompañado por declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien volvió a cuestionar la legitimidad y las actuaciones de la CPI.
Tomoko Akane y Abdoulaye Seye fueron incluidos en la lista de sancionados
Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional desde 2024. Su función es principalmente institucional y de representación de la corte, mientras que Abdoulaye Seye, de Senegal, está vinculado directamente a las labores de la Fiscalía.
De acuerdo con la información conocida sobre las sanciones, ambos fueron incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las medidas implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense y el congelamiento de eventuales activos que los funcionarios puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estableció, además, un periodo limitado para la liquidación de determinadas operaciones pendientes. Las transacciones autorizadas para ese propósito podrán realizarse hasta el 17 de septiembre de 2026.
Las restricciones también alcanzan a entidades en las que las personas sancionadas tengan, de manera directa o indirecta, una participación igual o superior al 50 %.
Washington vuelve a cuestionar a la Corte Penal Internacional
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión y reiteró la posición de la administración Trump frente a la CPI.
El Gobierno estadounidense sostiene que el tribunal ha excedido sus competencias al intentar investigar o procesar a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción.
Rubio afirmó que la administración considera a la Corte Penal Internacional como una institución supranacional que, según la posición oficial de Washington, está politizada y ha abusado de su autoridad.
El secretario de Estado señaló además que Estados Unidos no tolerará lo que considera un ataque contra la soberanía estatal.
La nueva medida se produce después de que Rubio anunciara en julio que Washington intensificaría su campaña diplomática contra la CPI. El Gobierno estadounidense también ha buscado presionar a los Estados miembros para que reconsideren su participación en el tribunal.
Las investigaciones sobre Israel están en el centro de la disputa
Uno de los principales puntos de tensión entre Washington y la CPI está relacionado con las investigaciones sobre posibles crímenes cometidos durante la guerra en Gaza.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, en relación con presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos ha rechazado la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes, debido a que ninguno de los dos países es Estado parte del Estatuto de Roma.
En el caso de Abdoulaye Seye, su trabajo como abogado principal de juicio está relacionado con actuaciones de la Fiscalía que involucran investigaciones sobre funcionarios israelíes. También ha trabajado en asuntos relacionados con actividades de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, según los reportes sobre las nuevas sanciones.
La decisión de Washington se produce, por tanto, en un contexto en el que la CPI mantiene abiertas actuaciones relacionadas con Israel y otros Estados que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
Trump ya había impuesto sanciones contra funcionarios de la CPI
Las nuevas medidas no constituyen el primer enfrentamiento entre la administración Trump y la Corte Penal Internacional.
Durante el actual periodo de Gobierno, Estados Unidos ya ha impuesto sanciones contra fiscales y jueces vinculados al tribunal. Entre los funcionarios afectados anteriormente se encuentra el exfiscal de la CPI Karim Khan, quien estuvo involucrado en las actuaciones que condujeron a las solicitudes de órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant.
También fueron sancionados otros funcionarios de la corte durante 2025. Los registros de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI documentaron entonces nuevas medidas estadounidenses contra jueces y fiscales del tribunal.
La ofensiva comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Trump regresara a la Casa Blanca y adoptara medidas específicas contra la CPI.
En febrero de 2025, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva dirigida contra el tribunal y justificó las medidas con el argumento de que las actuaciones de la CPI representaban una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Estados Unidos no es miembro de la CPI
La disputa también tiene como uno de sus fundamentos la relación jurídica de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional.
Washington no es Estado parte del Estatuto de Roma, tratado mediante el cual fue creada la CPI. Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos en los términos que sostiene la corte.
La administración Trump utiliza una posición similar respecto de Israel, que tampoco es Estado parte del Estatuto de Roma.
La CPI, por su parte, ha sostenido que su jurisdicción puede aplicarse en determinadas circunstancias previstas por el Estatuto de Roma, incluso cuando los Estados involucrados no sean miembros del tribunal.
Esta diferencia jurídica constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y la institución con sede en La Haya.
La CPI enfrenta nuevas presiones
Las nuevas sanciones llegan en un momento de creciente presión sobre la Corte Penal Internacional.
La presidenta Tomoko Akane ya había advertido anteriormente sobre las consecuencias que las sanciones estadounidenses podían tener para el funcionamiento de la institución y para la capacidad de sus funcionarios de desarrollar sus labores.
La propia estructura de sanciones puede afectar las operaciones de los funcionarios alcanzados, especialmente por las restricciones sobre el sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, la medida también tiene un componente político y diplomático, debido a que reafirma la intención de la administración Trump de limitar la capacidad de actuación de la CPI frente a funcionarios estadounidenses y de países aliados.
El Gobierno estadounidense sostiene que la corte no puede ejercer autoridad sobre funcionarios de Estados que no han aceptado su jurisdicción. La CPI, en cambio, mantiene su mandato conforme al Estatuto de Roma y continúa desarrollando investigaciones y procesos dentro de las competencias que considera aplicables.
Con las sanciones anunciadas este martes, Tomoko Akane se convierte en la primera presidenta de la Corte Penal Internacional alcanzada directamente por las medidas de Washington, mientras que Abdoulaye Seye se suma a otros funcionarios de la Fiscalía y del cuerpo judicial que ya han sido objeto de sanciones estadounidenses.
La decisión representa, así, una nueva escalada en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, particularmente alrededor de las investigaciones relacionadas con Israel y de la discusión sobre hasta dónde puede llegar la jurisdicción de un tribunal internacional frente a Estados que no forman parte del Estatuto de Roma.
