Por: El Gobierno nacional abrió una de las mayores investigaciones sobre sistemas de fotomultas en la historia reciente del país. A través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, fueron vinculados 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotomultas, situación que podría dejar sin efecto más de 5,8 millones de comparendos.
La actuación administrativa se originó tras la identificación de posibles incumplimientos a los requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la reglamentación vigente para la operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST).
Según las autoridades, varias entidades habrían puesto en funcionamiento estos sistemas sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de las cámaras de fotodetección.
Hallazgos de la investigación
De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, se identificaron tres posibles situaciones irregulares:
- 12 organismos de tránsito habrían iniciado operaciones sin contar con el concepto técnico requerido.
- 7 entidades utilizaron conceptos de desempeño expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron las certificaciones después de haber comenzado la operación de los sistemas.
Entre las entidades investigadas figuran organismos de tránsito de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.
Más de 7,5 millones de comparendos bajo revisión
La investigación reveló que los organismos involucrados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de fotodetección que ahora son objeto de revisión.
De ese total, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por los ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones. En caso de comprobarse las irregularidades, las autoridades podrían verse obligadas a devolver esos recursos y asumir sanciones económicas que superarían los $2,1 billones.
Las ciudades con mayor número de comparendos identificados dentro de la investigación son:
- Cali: más de 2,7 millones.
- Medellín: más de 717.000.
- Bogotá: cerca de 294.000.
- Barranquilla: más de 131.000.
Más de 5,8 millones de fotomultas podrían ser revocadas
Uno de los efectos más relevantes del proceso es que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados podrían perder validez y tendrían que ser revocados de oficio por las autoridades competentes.
La medida beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos que actualmente tienen procesos pendientes relacionados con estas sanciones.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la actuación busca proteger los derechos de los conductores y garantizar el cumplimiento de la ley.
“Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de los requisitos legales. Cuando no se cumplen las condiciones técnicas exigidas, los ciudadanos no deben asumir las consecuencias”, señaló la funcionaria.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que la investigación no busca debilitar la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas operen dentro del marco jurídico establecido.
Las autoridades anunciaron que continuarán adelantando las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa y garantizar transparencia en la operación de los sistemas de fotodetección en todo el país.
