Por: MinTransporte defendió la legalidad de los contratos por cerca de $3,2 billones destinados al mejoramiento de vías terciarias en La Guajira, luego de que el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De la Espriella, solicitara suspender la firma de los convenios por considerar que comprometen recursos públicos hasta 2035.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que las adjudicaciones hacen parte de una planeación iniciada desde finales de 2025 y aseguró que los procesos fueron estructurados con respaldo técnico, jurídico y financiero, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Según la cartera, los contratos corresponden a 10 obras y seis interventorías para la construcción y mejoramiento de vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, proyectos que buscan fortalecer la conectividad rural y mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades del departamento.
Frente a las críticas por el uso de vigencias futuras, la ministra señaló que este mecanismo es habitual en proyectos de infraestructura de gran escala y recordó que también se utiliza en concesiones viales para garantizar la continuidad de las obras.
Rojas también destacó que los contratos fueron adjudicados mediante procesos de licitación pública con participación de empresas que acreditaron los requisitos exigidos por la ley, garantizando la transparencia y la libre competencia.
Además, aseguró que estas inversiones responden a los compromisos asumidos por el Estado con las comunidades de La Guajira y contribuyen al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y de las poblaciones más vulnerables del departamento.
La respuesta del Ministerio se produjo luego de que el equipo de empalme del presidente electo pidiera aplazar la firma de los contratos y anunciara una revisión de los procesos una vez inicie el nuevo Gobierno. Desde el Ejecutivo, sin embargo, insistieron en que las adjudicaciones se realizaron conforme al cronograma previsto y dentro del marco legal vigente.
