Por: El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció nuevas acciones judiciales para intentar frenar la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella que dejó sin vigencia la protección ambiental sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander.
La organización informó que solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander con el propósito de suspender los efectos de la decisión mientras la justicia determina si el procedimiento adelantado por el Ministerio de Ambiente se ajustó a la normativa y a lo ordenado previamente por los tribunales.
El comité considera que la revocatoria constituye un retroceso en la protección de Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en Santander y otras zonas del país. Según información de Blu Radio, la organización sostiene que la decisión desconoce el alcance del fallo judicial que ordenó rehacer parte del procedimiento administrativo.
La controversia se originó después de que el Ministerio de Ambiente revocara la reserva definitiva establecida sobre terrenos ubicados por fuera de los límites del páramo. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, que dejó sin efectos la Resolución 0994 del 6 de agosto, mediante la cual se había establecido la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja.
Comité cuestiona actuación del Ministerio de Ambiente
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán también anunció una recusación contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, al considerar que existen circunstancias que podrían comprometer su imparcialidad en las decisiones relacionadas con Santurbán y el proyecto minero Soto Norte.
La organización fundamentó la recusación en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, que regulan las causales de impedimento y recusación de servidores públicos. El recurso comprende actuaciones relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la reserva temporal de recursos naturales renovables y la reserva definitiva de la microcuenca de La Baja.
Mayerling López, delegada del comité, afirmó que el ministro debería apartarse de las decisiones relacionadas con estos asuntos mientras se resuelve el recurso presentado por la organización.
El comité también cuestionó declaraciones anteriores de Arjona sobre la posibilidad de avanzar en procesos de formalización minera en el entorno del páramo y sus referencias a Aris Mining, empresa vinculada al proyecto Soto Norte.
La disputa por las 1.499 hectáreas
Uno de los principales puntos de controversia son las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicadas en California. De acuerdo con el comité ambiental, el área coincide con terrenos relacionados con un título minero de Aris Mining.
La organización sostiene, además, que la zona tiene una importancia estratégica para el abastecimiento de agua. Estudios citados por el comité y atribuidos al Servicio Geológico Colombiano estiman que los terrenos tienen incidencia sobre el suministro hídrico de cerca de dos millones de personas.
Otras estimaciones asociadas al sistema de abastecimiento del área metropolitana de Bucaramanga sitúan en más de 2,5 millones el número de habitantes relacionados con el recurso hídrico de la región.
¿Por qué el Gobierno revocó la reserva?
El Ministerio de Ambiente ha explicado que la decisión no implica renunciar a la protección ambiental de la microcuenca, sino retrotraer el procedimiento administrativo para garantizar nuevamente la participación de las comunidades y el debido proceso.
La cartera tomó la decisión después de un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar una parte del trámite debido a presuntas irregularidades en el proceso de participación pública y posibles afectaciones de derechos fundamentales.
Por esa razón, el Ministerio anunció una nueva evaluación técnica y jurídica para determinar las medidas de protección que deberán aplicarse sobre el territorio.
El ministro Fabio Arjona ha defendido que las decisiones relacionadas con Santurbán deben sustentarse en criterios técnicos, transparencia, seguridad jurídica y participación de las comunidades.
Sin embargo, el comité ambiental interpreta de manera diferente el alcance del fallo judicial. Según su posición, la sentencia no ordenaba eliminar la reserva ambiental, sino reabrir la etapa de participación ciudadana y permitir nuevamente que las comunidades accedieran al expediente del proceso.
Ese desacuerdo será uno de los puntos centrales que deberá resolver la jurisdicción administrativa.
Un conflicto ambiental que lleva 15 años
La disputa por Santurbán se suma a un conflicto ambiental que se extiende por cerca de 15 años y que ha enfrentado a organizaciones sociales y ambientales con sectores que defienden el desarrollo de actividades mineras en el entorno del complejo de páramos.
El escenario también permanece abierto frente a la delimitación definitiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, un proceso que deberá incorporar la participación de las comunidades de municipios como Bucaramanga, Vetas y California.
Con la nueva acción judicial, el comité busca que un tribunal determine si la revocatoria de la reserva fue una consecuencia jurídicamente necesaria del fallo o si, por el contrario, el Gobierno pudo haber garantizado la participación ciudadana sin retirar temporalmente la protección sobre las 1.499 hectáreas.
