Por: El Pacto Histórico presentó un paquete de 14 propuestas que considera urgentes para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.
Aunque el epicentro del sismo estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó, Cali fue una de las ciudades que registró mayores afectaciones. De acuerdo con las cifras oficiales citadas en el documento, en la capital del Valle del Cauca se contabilizan 130 personas fallecidas, 94 desaparecidas, 1.485 heridas y 15 edificios colapsados.
La propuesta fue encabezada por Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado, y está dirigida al Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Concejo Distrital.
El documento plantea como prioridad acelerar la atención de las personas damnificadas y establecer mecanismos que permitan garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas.
Las 14 medidas planteadas abarcan asuntos relacionados con vivienda, ayudas económicas, impuestos, servicios públicos, reconstrucción de infraestructura y vigilancia de los recursos destinados a atender la emergencia.
Censo unificado de personas afectadas
Una de las primeras propuestas consiste en realizar un censo unificado de las personas afectadas por el terremoto. El registro debería diferenciar entre propietarios y arrendatarios e incluir viviendas, establecimientos comerciales e instalaciones institucionales que hayan sufrido daños.
El objetivo de esta medida es establecer con mayor precisión cuántas personas resultaron damnificadas y cuáles son las características de los inmuebles afectados por el terremoto.
El documento considera que contar con una identificación detallada de las familias y de los bienes afectados permitiría orientar de manera más precisa las ayudas y las medidas de recuperación.
Entre las propuestas también se encuentra la entrega inmediata de subsidios de arrendamiento durante un periodo mínimo de un año para las familias que perdieron sus viviendas como consecuencia del sismo.
De acuerdo con el planteamiento, estos subsidios deberían ser entregados directamente a las cuentas bancarias de las personas afectadas, sin intermediación de organizaciones no gubernamentales o terceros. El documento establece como fecha límite para realizar estos pagos el 20 de agosto.
La medida estaría dirigida especialmente a las comunas de Cali que fueron identificadas como las más afectadas: 5, 18, 17, 11, 9, 2 y 19.
También contempla a las familias que se encuentran alojadas temporalmente en viviendas de familiares o amigos, debido a la falta de oferta habitacional y al incremento de los precios de los arriendos después del terremoto.
Predios para alojamiento temporal
Otra de las propuestas plantea identificar predios desocupados que puedan utilizarse como alojamiento temporal para las familias desplazadas por el terremoto.
El documento solicita a la Gobernación del Valle del Cauca, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Alcaldía de Cali que informen cuáles inmuebles disponibles cuentan con una situación jurídica regularizada y reúnen condiciones adecuadas para ser utilizados con este propósito.
La intención es disponer de alternativas de alojamiento para las personas que no pueden regresar a sus viviendas debido a los daños ocasionados por el sismo.
El paquete de propuestas también incluye medidas de carácter económico dirigidas a las personas y empresas afectadas por la emergencia.
Congelamiento de arriendos, créditos e impuestos
En materia financiera y tributaria, el Pacto Histórico propone establecer diferentes mecanismos de alivio para los damnificados.
Entre las medidas planteadas se encuentra el congelamiento de los arriendos y de los créditos de las personas afectadas por el terremoto. También se propone congelar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio (ICA).
La propuesta incluye además el congelamiento del impuesto de vehículos automotores, las estampillas y otras contribuciones de carácter departamental.
Para los pequeños empresarios y emprendedores cuyos negocios hayan resultado afectados por el terremoto, el documento plantea la creación de un subsidio a la nómina.
Asimismo, se solicita al alcalde de Cali presentar ante el Concejo Distrital los decretos necesarios para establecer exenciones tributarias relacionadas con tasas, impuestos y otros tributos locales.
Estas medidas estarían dirigidas tanto a las viviendas como a los establecimientos comerciales afectados por el terremoto.
Inspección de edificaciones y control de precios
En materia de reconstrucción física, las propuestas contemplan la realización inmediata de inspecciones técnicas de las edificaciones afectadas.
El propósito de estas evaluaciones sería establecer cuáles inmuebles pueden ser recuperados, cuáles pueden ser habilitados nuevamente y cuáles deben ser demolidos debido a las condiciones en las que quedaron después del terremoto.
El documento también plantea la necesidad de agilizar los casos de familias que no pueden ingresar a sus viviendas porque todavía no cuentan con un aval de Gestión del Riesgo, incluso cuando los inmuebles no presenten condiciones de peligro de colapso.
Otro de los puntos está relacionado con la posible especulación de precios que pueda producirse durante el proceso de recuperación.
El Pacto Histórico propone adoptar medidas de control para evitar incrementos injustificados tanto en los precios de los alquileres como en los materiales de construcción, en un contexto de alta demanda generado por las necesidades de reparación y reconstrucción.
Revisión de redes y servicios públicos
Las propuestas también incluyen acciones relacionadas con la infraestructura de servicios públicos de Cali.
El documento plantea que las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) y el Gobierno nacional trabajen de manera coordinada para revisar las redes de acueducto y alcantarillado, así como el estado de los postes de alumbrado público después del terremoto.
En relación con los servicios públicos domiciliarios, se solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que exija a EMCALI suspender el cobro de los servicios a los usuarios cuyos predios hayan resultado afectados, una vez se realice la evaluación correspondiente de los inmuebles.
La suspensión propuesta tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y sería planteada como una medida adicional de alivio para las personas damnificadas.
Veeduría para vigilar los recursos
El paquete de 14 propuestas también contempla la creación de un comité de veeduría integrado por las propias personas afectadas por el terremoto.
Este organismo tendría como función hacer seguimiento a la entrega de las ayudas y vigilar la gestión de los recursos públicos y privados destinados al proceso de reconstrucción.
El documento plantea que las autoridades publiquen cifras verificables sobre las ayudas que hayan sido recolectadas y distribuidas, incluyendo información sobre las cantidades, los destinatarios y las condiciones de entrega.
La propuesta también reclama una rendición de cuentas sobre los recursos privados anunciados para la reconstrucción.
Entre estos se incluyen los fondos mencionados por la Alcaldía de Cali en relación con la familia Gilinski. El documento solicita establecer mecanismos de seguimiento que permitan garantizar la trazabilidad de los subsidios y de las decisiones adoptadas durante el proceso de recuperación.
De esta manera, las 14 propuestas presentadas por el Pacto Histórico plantean medidas inmediatas para atender a las familias damnificadas y, al mismo tiempo, mecanismos de control sobre los recursos que sean destinados a la reconstrucción.
El paquete dirigido al Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Concejo Distrital combina ayudas de vivienda, alivios económicos y tributarios, revisión de infraestructura, suspensión temporal de servicios públicos y mecanismos de veeduría ciudadana.
La iniciativa se presenta mientras Cali y el Valle del Cauca continúan enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que dejó un amplio número de víctimas y daños estructurales en diferentes sectores de la región.
