Por: El Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la resolución mediante la cual el anterior mandatario había declarado una reserva de recursos naturales renovables en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, Santander. La decisión deja sin efecto, por ahora, la protección ambiental que había restringido nuevas actividades mineras en el área.
La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y está relacionada con la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
La resolución anterior había delimitado y declarado como reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo un área de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada fuera de los límites del páramo de Santurbán.
Con la nueva decisión, el Ministerio dejó sin vigencia esa declaratoria y anunció que deberá adelantarse un nuevo procedimiento para evaluar las condiciones jurídicas, técnicas y ambientales de la zona.
La cartera explicó que la revocatoria no significa que el Gobierno haya descartado de manera definitiva una futura protección ambiental para el sector, sino que busca reiniciar el procedimiento después de las irregularidades señaladas en el trámite anterior y de una orden judicial relacionada con los derechos de participación ciudadana.
¿Por qué el Ministerio revocó la resolución?
El Ministerio de Ambiente señaló dos circunstancias principales que llevaron a la revocatoria de la Resolución 0994.
La primera está relacionada con una recusación presentada el 4 de agosto contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez, dos días antes de que fuera expedida la resolución que declaró la reserva ambiental.
Según la explicación incluida en el nuevo acto administrativo, una recusación implica la suspensión de la actuación administrativa hasta que esta sea resuelta. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio, el procedimiento continuó y la Resolución 0994 fue expedida pese a que existía una recusación pendiente.
El segundo elemento corresponde a una decisión judicial emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga el 10 de agosto de 2026.
El despacho judicial amparó derechos relacionados con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el debido proceso administrativo. Además, estableció que, si la resolución ambiental ya había sido expedida, debía dejarse sin efecto para que el procedimiento pudiera reiniciarse garantizando la participación efectiva de las comunidades.
A partir de estos elementos, el Ministerio determinó revocar directamente la Resolución 0994.
La cartera aclaró que la decisión no constituye una definición sobre si el área debe o no ser protegida ambientalmente en el futuro. Según la explicación oficial, el objetivo es que cualquier nueva declaratoria se adopte después de cumplir las garantías jurídicas y de participación correspondientes.
La decisión afecta 1.499 hectáreas en California, Santander
La resolución revocada comprendía 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en jurisdicción del municipio de California, Santander.
La anterior administración había establecido la reserva con el propósito de proteger los recursos naturales y el sistema hídrico de la zona. La declaratoria también implicaba restricciones para nuevas concesiones mineras en el área.
La decisión tiene relevancia dentro de la discusión sobre la actividad minera en el entorno del Macizo de Santurbán, donde desde hace años existe un debate entre proyectos de explotación de minerales, organizaciones ambientales, comunidades locales y autoridades.
Entre los proyectos relacionados con esta discusión se encuentra Soto Norte, asociado a la multinacional minera Aris Mining.
El Comité en Defensa de Santurbán ha señalado que la protección de la zona es necesaria para preservar los recursos hídricos y ambientales del territorio. Las organizaciones ambientalistas han mantenido una oposición a proyectos mineros que puedan afectar el ecosistema y las fuentes de agua de la región.
Ministro Fabio Arjona defendió la decisión
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se refirió públicamente a la controversia y cuestionó el procedimiento mediante el cual fue expedida la resolución durante la administración anterior.
Arjona sostuvo que la decisión adoptada pocos días antes del cambio de Gobierno fue una delimitación que, a su juicio, se realizó de manera acelerada y sin resolver previamente las recusaciones presentadas contra Irene Vélez.
El ministro también hizo referencia a la acción judicial relacionada con el derecho a la participación ciudadana.
“Para los que se están preguntando qué pasó con Santurbán y para quienes cuentan verdades a medias: a un día de entregar el mandato, al gobierno anterior se le dio por hacer una delimitación ‘exprés’ de manera tan improvisada, que omitió resolver las recusaciones que se habían presentado contra la ex ministra Irene Vélez, además de que existía una tutela admitida y pendiente de resolver por vulneración al derecho a la participación”, afirmó Arjona.
Según el ministro, el juez ordenó reiniciar el procedimiento debido a las posibles vulneraciones relacionadas con la participación.
El Ministerio también sostuvo que las decisiones sobre protección ambiental deben garantizar la imparcialidad y la objetividad, además de contar con respaldo científico y jurídico.
Organizaciones ambientales rechazaron la revocatoria
La decisión generó rechazo entre organizaciones que defienden la protección del páramo de Santurbán y de las fuentes hídricas de la región.
El Comité en Defensa de Santurbán cuestionó la revocatoria a través de X y señaló que el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría desmontando medidas adoptadas anteriormente para proteger el territorio.
La organización afirmó que la Resolución 0994 constituía una medida para impedir el desarrollo del proyecto Soto Norte y cuestionó que su revocatoria se produjera en medio de la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.
“Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”, señaló el Comité.
Las organizaciones sociales anunciaron además que estudian la presentación de nuevas acciones jurídicas y la realización de movilizaciones para defender la protección ambiental de la región.
Uno de los principales argumentos de estas organizaciones está relacionado con la importancia de los recursos hídricos de Santurbán para las poblaciones de Santander y Norte de Santander.
Santurbán vuelve al centro del debate entre minería y protección ambiental
La revocatoria de la Resolución 0994 vuelve a poner a Santurbán en el centro de una discusión que durante años ha enfrentado posiciones sobre el desarrollo de actividades mineras y la protección de los ecosistemas y fuentes hídricas de la región.
Por ahora, la decisión del Ministerio de Ambiente deja sin efecto la reserva ambiental establecida el 6 de agosto, pero no determina de manera definitiva el futuro de la protección de la quebrada La Baja.
El Gobierno anunció que el procedimiento deberá comenzar nuevamente y que se tendrán en cuenta las decisiones judiciales, las condiciones técnicas y ambientales del territorio y los mecanismos de participación ciudadana.
Mientras el Ministerio sostiene que la revocatoria responde a irregularidades procedimentales y al cumplimiento de una orden judicial, las organizaciones ambientalistas consideran que la decisión representa un retroceso en la protección de Santurbán.
El siguiente paso será la nueva evaluación que deberá adelantar el Ministerio de Ambiente sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, un proceso que determinará si el área vuelve a contar con una figura de protección y bajo qué condiciones.
